El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, que se celebró en Pamplona el 12 de septiembre, abordó la modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales operada por el Real Decreto-ley 11/2018 que impone la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil a aquellos profesionales que por cuenta ajena presten determinados servicios a sociedades mercantiles, asociaciones y otras personas jurídicas. La Abogacía muestra su discrepancia con esta reforma porque considera que el requisito de la colegiación obligatoria es suficiente para garantizar que el ejercicio profesional se lleva a cabo de manera adecuada.