MADRID (Reuters) – Los abogados de la infanta Cristina apelaron el miércoles la decisión judicial de mantener la imputación de la segunda hija del rey Juan Carlos por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, informó el Tribunal Superior de Justicia de las islas Baleares.
Tras una extensa investigación que ha durado cuatro años, el juez de Palma de Mallorca José Castro señaló a finales de junio que existen "sobrados indicios" de que Cristina, de 49 años, dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que posee al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin.
Miquel Roca, principal abogado de la infanta, tal y como anunció el mismo día en el que se conoció el auto, el 25 de junio, presentó el miércoles un "extenso" recurso ante la Audiencia de Palma.
"Es un tema de convencimiento total de la inocencia de nuestra patrocinada, por tanto estamos convencidos de que la Audiencia resolverá en los términos que estimamos convenientes", dijo Roca.
En declaraciones a periodistas, Roca dijo que esperaba que su recurso pueda convencer a la Audiencia "con argumentos sólidos y potentes" y dijo que no contempla que la infanta acabe sentada en el banquillo de los acusados en la fase oral del juicio.
Los abogados de Cristina piden el sobreseimiento de las acusaciones a la infanta y se apoyan en su recurso en un informe de la Agencia Tributaria en el que no se aprecia delito.
"Hay un informe de la agencia tributaria que dice que no hay delito", añadió Roca.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha presentado su recurso, en un duro escrito contra el juez, al que critica por un "auto a la carta" y por basar la imputación en "meras conjeturas", lo que ha provocado unas poco frecuentes declaraciones críticas del propio juez y de otros organismos de la judicatura española.
La decisión judicial se conoció una semana después de la proclamación de Felipe VI, hermano de la infanta, como nuevo rey de España.
La investigación a Cristina y a su marido ha perjudicado notablemente la imagen de la Casa Real y desde algunos sectores se atribuye como una de las causas de la abdicación de Juan Carlos I a principios de mes.
El caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales.
