MADRID (Reuters) – El Congreso de los Diputados aceptó a trámite el martes una iniciativa popular que, con más de un millón de firmas, pedía medidas como la dación en pago para frenar los desahucios, uno de los problemas sociales más graves de un país sumido en una profunda crisis económica.
El Partido Popular, que disfruta de mayoría absoluta en el hemiciclo, votó inesperadamente a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), tras alegar hasta unas horas antes de la votación que ya había presentado su propia propuesta al respecto.
"Esta gente empezó a recoger firmas hace 4 años", explicó a la prensa en los pasillos del Congreso el portavoz del PP en la Cámara, Alfonso Alonso. "Ofrecíamos otra solución que, entendíamos, retrasaba menos. Creo que el Presidente de la Cámara se ha comprometido a agilizar lo más posible, a reducir los plazos al máximo y por tanto a que la tramitación pueda ser ágil".
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras organizaciones habían reunido 1,4 millones de firmas -casi el triple de lo necesario para llegar a la Cámara- para su ILP, que pide modificar la figura de la dación en pago, de forma que, en casos de buena fe, al entregar la vivienda los hipotecados queden libres de su deuda con el banco.
La propuesta también incluye paralizar los desahucios y fomentar el alquiler social, de forma que los que hayan sufrido la ejecución de su hipoteca puedan seguir residiendo en la vivienda pagando una renta que no supere el 30 por ciento de sus ingresos durante cinco años, según la web oficial de la ILP (here).
Sin embargo, su admisión a trámite no implica que el texto no vaya a sufrir modificaciones durante el proceso parlamentario.
PROPUESTAS DISTINTAS
Antes del repentino cambio de postura del partido en el Gobierno, la portavoz de PAH, Ada Colau, había tachado de "ofensivo" el proyecto inicial del PP de rechazar la ILP pero adoptar el nombre para su propuesta, que Colau describió como "radicalmente distinta".
Desde que comenzó la crisis en 2008, se han realizado unas 400.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales casi 170.000 han terminado en desahucios, según datos del Consejo General del Poder Judicial hasta noviembre. Con el país sumido en la recesión y uno de cada cuatro trabajadores en el paro, la cuestión de los desahucios se ha convertido en una de las caras más duras de la crisis.
El martes, varios medios informaron sobre el doble suicidio en Palma de una pareja de ancianos que iba a ser desahuciada de su casa.
Centenares de personas se congregaron en torno al Congreso para expresar su apoyo a la iniciativa popular, y las celebraciones en el palco ante la aprobación del proyecto hicieron que el presidente de la cámara ordenara el desalojo de la zona de visitantes, según mostraron imágenes de televisión.
Un miembro de PAH fue detenido por insultos acusado de insultos cuando se expulsaba a los visitantes, según confirmó la plataforma en su cuenta de Twitter, indicando que el activista había sido trasladado a una comisaria en la localidad de Moratalaz y se esperaba su pronta puesta en libertad.
A diferencia de las propuestas de la ILP, el texto adelantado en las últimas semanas por el gabinete del presidente, Mariano Rajoy, desincentivaba la concesión de hipotecas a más de 30 años y establecía limitaciones en la carga que soportan los que pierdan su casa, sin llegar a la dación impago solicitada por la propuesta popular.
Ya en noviembre, el Ejecutivo paralizó durante dos años los desahucios de colectivos especialmente vulnerables. En enero cerró un acuerdo con los bancos para poner en el mercado 6.000 viviendas en alquiler a precio reducido dirigidas a los casos más dramáticos.
Por su parte, el opositor partido socialista, las formaciones nacionalistas e Izquierda Plural ya habían adelantado su apoyo a tramitar la ILP, señalando que podía trabajarse sobre ella para modificar la ley hipotecaria.
