MADRID (Reuters) – El Congreso aprobó el jueves una polémica ley educativa que ha contado únicamente con los votos a favor del Partido Popular (PP), que goza de mayoría absoluta, y que sigue generando un fuerte rechazo de la oposición parlamentaria y la comunidad educativa.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima reforma de la educación desde que se reinstauró la democracia en España hace 35 años, fue presentada en mayo con el objetivo de luchar contra el abandono escolar, pero ha tenido un amplio rechazo en el sector educativo, que la recibió con una huelga general y que tiene otra convocada para el 24 de octubre.
Lejos de conseguir consensos en la Cámara Baja, la ley – que entraría en vigor en el curso 2014/15 – fue aprobada con los votos a favor de 182 diputados del PP de los 321 presentes de la cámara, con 137 votos en contra y 2 abstenciones, tras el rechazo de innumerables enmiendas de toda la oposición.
Por ello la norma, al igual que otras reformas educativas anteriores, podría tener los días contados, después de que el principal partido de la oposición y otros reiterasen que derogarían la norma en cuanto puedan.
"El grupo parlamentario socialista se ratifica en su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria, ¿Cómo es posible que sean ustedes tan insensibles a este clamor general?", dijo el diputado socialista Mario Bedera en el debate previo a la votación de la LOMCE.
La nueva ley aumenta las tasas universitarias, reduce la capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas – que tienen transferidas las competencias educativas -, suprime la selectividad e introduce exámenes de reválida al final de cada ciclo.
ACUSACIONES DE SEGREGACIÓN
El centro de la polémica acerca de esta norma está en el nuevo sistema de concesión de becas, que contempla incluir el factor del rendimiento académico además del actual de la renta de las familias, y que sus críticos dicen que reduce el gasto público educativo y va encaminada a acentuar la exclusión.
"Es profundamente segregador, ancla sus raíces en el sustrato ideológico que luce el alma política de la más conservadora y jacobina derecha española. Un proyecto concebido desde la oscuridad que les confiere su mayoría absoluta que le faculta para poner en práctica sus decisiones sin la más mínima necesidad de justificarlas ante la ciudadanía, sin contar con ella", dijo la diputada Isabel Sánchez Robles, del Partido Nacionalista Vasco.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, entre los peores valorados del Gobierno de Mariano Rajoy, defendió su norma ante el resto de los grupos parlamentarios.
"No existe segregación más grave, no existe razón de exclusión más contundente que el resultado de nuestro sistema en términos de abandono escolar temprano", dijo.
La educación se ha convertido en un campo de batalla para los dos grandes partidos políticos españoles, que han aprobado su propia ley educativa cada vez que han estado en el poder, unas reformas sucesivas que no han impedido que España se mantenga en los peores puestos entre sus socios europeos en los índices internacionales.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) entre 24 países, publicado el martes, indicó que más de uno de cada cuatro españoles adultos está al nivel más básico o incluso por debajo en comprensión lectora y que, en matemáticas, España ocupa el último lugar.
Con el país sumido en una profunda crisis económica, la educación ha sido una de las áreas sensibles para la ciudadanía a las que el Gobierno ha recurrido para llevar a cabo recortes para cumplir el objetivo de déficit pactado con la Unión Europea.
El ministro Wert indicó en una entrevista con Reuters este año que el gasto educativo había bajado un 5-7% o unos 3.000 millones de euros en los dos últimos años.
