MADRID (Reuters) – El pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el miércoles por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno español para impugnar la resolución del Parlamento de Cataluña que sienta las bases para iniciar de forma unilateral la independencia de la región.
La aceptación a trámite supone la inmediata suspensión del plan aprobado esta semana en Cataluña, que aboga por una "desconexión pacífica" de España. La decisión definitiva sobre el recurso podría llevar meses.
El alto tribunal se había reunido de urgencia después de que el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, presentase un recurso contra un "desafío rupturista" que cuestiona "la integridad de España".
"Supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado. Pretenden acabar con la democracia. No lo permitiré", dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del gabinete.
"No se trata únicamente de una reacción ante la iniciativa de un Parlamento, se trata de la defensa de todo un país", añadió el presidente, que dijo contar con el apoyo de la mayoría de votantes, partidos y agentes sociales del país.
No está claro qué más pasos podría adoptar el Gobierno tras la suspensión de la proclamación al admitirse el recurso, puesto que los partidos soberanistas que tienen mayoría en la cámara catalana desde las elecciones autonómicas de septiembre han dicho que no acatarán las decisiones de un tribunal al que no reconocen.
"Si se sigue vulnerando la ley, el Gobierno actuará con firmeza y proporcionalidad", se limitó a decir el jefe del Ejecutivo.
Defensor de la unidad de España y contrario a un referéndum sobre la independencia, Rajoy podría optar por la suspensión de la autonomía o por recortar la financiación a una región económicamente fuerte pero muy endeudada.
Tras conocer la decisión del tribunal, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, reiteró la decisión de los partidos secesionistas de continuar con el proceso y el Gobierno catalán anunció su voluntad de aplicar la resolución pese a la suspensión.
"La voluntad del pueblo de Cataluña no puede ser suspendida. ¡Nos conjuramos a seguir el mandato democrático!", dijo Junqueras en su cuenta de Twitter.
ADVERTENCIA DE DESOBEDIENCIA
El Constitucional acordó notificar personalmente la decisión a varios altos cargos catalanes, como la presidenta del Parlamento catalán, los miembros de la mesa y todo el gobierno en funciones, para advertirles que si la incumplen "podrían incurrir en un delito de desobediencia".
Entre los miembros de la mesa del Parlamento catalán hay diputados de grupos no independentistas como Ciudadanos y PSC.
"No voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos", apuntó el presidente del Partido Popular, que aprobó el mes pasado una ley para permitir al Constitucional sancionar a los dirigentes que no cumplan sus decisiones.
Desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ha pedido a las fuerzas de seguridad del Estado y a la policía autonómica que denuncien a quienes intenten ejecutar la resolución aprobada el lunes con los votos de los independentistas de Junts pel Sí y la Candidatura d'Unitat Popular.
Según el escrito del fiscal, quienes sean acusados de ejecutar una propuesta que incluye crear instituciones como una Hacienda y una Seguridad Social propias podrían ser llevados ante la justicia por delitos de rebelión o sedición.
La cuestión catalana ha irrumpido con fuerza en la precampaña para los comicios generales del próximo diciembre, arrinconando otros como la corrupción y los recortes sociales que han marcado la legislatura y perjudicado electoralmente al PP.
El Partido Popular volvería a ser el más votado el 20 de diciembre, según los sondeos, pero en un Parlamento fragmentado abocado a pactos que previsiblemente habrá de abordar una reforma constitucional que dé un mejor encaje a Cataluña.
