MADRID (Reuters) – El Tribunal Constitucional suspendió el martes a petición del Gobierno español la ley de “desconexión” con la que las autoridades de Cataluña aspiran a gestionar la región en caso de ganar el “sí” en el referéndum independentista convocado para el 1 de octubre, según una fuente judicial.
Después de paralizar la semana pasada la ley y convocatoria de una consulta que las autoridades catalanas insisten en que celebrarán pese a la suspensión, era previsible que el alto tribunal aceptara a trámite la ley de transitoriedad jurídica hacia una hipotética república catalana, lo que supone su suspensión hasta que haya una sentencia.
La ley, que pretende ser la normativa temporal hasta la redacción de una Constitución propia, fue aprobada la semana pasada gracias a la mayoría secesionista de la cámara regional, que obvió el hecho de que el Constitucional ya había paralizado la consulta. [nL8N1LP0MA]
En sus 89 artículos establece, entre otros puntos, que el presidente de la Generalitat será el presidente de la República, que la nacionalidad catalana no exige la renuncia a la nacionalidad española y también fija al castellano como lengua cooficial.
PUIGDEMONT INVITA A VOTAR A LOS PARTIDARIOS DEL NO
Insistiendo en que habría una votación en poco más de dos semanas, el presidente catalán, Carles Puigdemont, animó a los contrarios a la secesión a votar, algo que los catalanes quieren hacer mayoritariamente pese a haber caído entre ellos el sentimiento independentista, según los sondeos.
"Ni la independencia ni la unidad de España se defienden desde el sofá de casa", dijo Puigdemont en una entrevista en RAC1.
Tras el aviso judicial de su obligación de cumplir la suspensión, Puigdemont volvió a dejar claro que no la acataría, como tampoco aceptaría una hipotética inhabilitación de sus funciones al deberse al mandato del Parlamento catalán.
"Evidentemente que no plegaré, por mucho que lo diga el Tribunal Constitucional, y estoy convencido de que no me vendrán a buscar. Si me inhabilita el Tribunal Constitucional, al día siguiente iré a trabajar igualmente", añadió el president.
Puigdemont encara además, junto con el resto de su gobierno, una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos que conllevaría penas de cárcel en caso de ser condenado por el último de estos delitos.
El TSJC admitió el martes a trámite esta querella junto con otra de la Fiscalía contra los miembros de la Mesa del Parlament que permitieron que se debatiera la ley del referéndum en la cámara regional.
"La Fiscalía pretende que la mesa del Parlament se autocensure y nos negamos. Pretende coartar la libertad de expresión del Parlament", dijo la presidenta de la cámara, Carme Forcadell.
LA FISCALÍA DICE A LOS MOSSOS QUE DEBEN RETIRAR URNAS
En un intento de evitar la "consumación de los delitos", La Fiscalía de Cataluña reunió el martes al jefe de la policía autónoma, Josep Lluis Trapero, para comunicarle su obligación de cumplir la ley e incautarse de todos los instrumentos tendentes a la celebración de un referéndum, como urnas y papeletas.
El fiscal pidió a Trapero que comunicara de inmediato la instrucción a todas las unidades de un cuerpo que jerárquicamente depende del Gobierno catalán y que les coloca en la disyuntiva de decidir a quién obedecer.
"Los Mossos tienen la función principal de garantizar la seguridad de la gente, no de hacer política. Retirar urnas no es su cometido", dijo Puigdemont.
