MADRID (Reuters) – El fiscal anticorrupción del caso Nóos ha calificado de «teoría conspiratoria» el argumento utilizado por el juez del caso para imputar a la infanta Cristina por dos delitos fiscales y le pide que comparezcan inspectores de la Agencia Tributaria para aclarar las dudas del propio magistrado.
En un escrito fechado el miércoles en el que no se opone a la decisión del juez de Palma de Mallorca José Castro de imputar a la segunda hija del Rey de España, el fiscal Pedro Horrach sin embargo lo critica duramente.
"Los funcionarios (inspectores de la Agencia Tributaria) han sido objeto de imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional", señala en su escrito.
"Teoría conspiratoria sobre la que el propio magistrado se apoya para justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la imputación de Doña Cristina de Borbón", agregó.
La infanta Cristina comparecerá ante el juez Castro el 8 de febrero acusada de los presuntos delitos fiscal y de blanqueo de capitales, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en ser imputada, en un caso que ha tenido una gran relevancia en la sociedad española.
Cristina de Borbón no recurrió la que es su segunda imputación – después de que el año pasado la Audiencia Provincial de Palma tumbara la primera que dictó el magistrado – en un caso en el que su marido, Iñaki Urdangarin, está acusado de enriquecimiento ilícito y que ha perjudicado la posición de la monarquía en un país que ha soportado cinco años de dura crisis económica.
El fiscal solicita la comparecencia previa de dos inspectores de la Agencia Tributaria como peritos y de otra inspectora como testigo, al ser autores de unos informes cuestionados por el juez en su auto de imputación.
"Si el propio juez instructor pone de manifiesto 'dudas', a lo largo del extenso y detallado auto, acerca de la apariencia delictiva de las conductas de naturaleza tributaria atribuidas a Doña Cristina de Borbón (…) convendrá que es imperativo citar a quienes pueden y deben despejar sus dudas, que no son otros que los inspectores de la Agencia Tributaria".
"De otro modo, se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de Doña Cristina de Borbón verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos", afirma el fiscal recordando que las "dudas" no sirven como base para una imputación.
La nueva citación, a la que se opusieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, se produjo tras conocerse que la infanta y su esposo pagaron gastos personales con cargo a Aizoon, una empresa mercantil sin actividad que compartían al 50 por ciento y a la que Urdangarin desvió fondos públicos desde Nóos.
El fiscal recuerda que atribuir gastos personales ajenos a la actividad mercantil no es un delito y muestra también su discrepancia con que las posibles cuotas defraudadas en el pago de impuestos superen el mínimo exigido para ser delito: 120.000 euros.
"Es imposible, dada la cuantía de los gastos personales, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros", agrega.
La investigación judicial sobre el supuesto desvío de casi seis millones de euros en fondos públicos realizado presuntamente por el yerno del Rey y su exsocio Diego Torres a través de la fundación sin ánimo de lucro Nóos dura ya más de tres años y el jefe de la Casa Real pidió recientemente que la instrucción, que calificó de "calvario", termine pronto.
La familia real intenta recuperar la popularidad perdida entre una opinión pública que la ve ajena a la difícil realidad económica que viven los españoles, y las encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos es partidaria de que el rey Juan Carlos abdique en su hijo y heredero, el príncipe Felipe.
