MADRID (Reuters) – Los servicios que prestan las comunidades autónomas a sus ciudadanos tendrán que cumplir criterios de eficiencia que se medirán mediante el establecimiento de costes estándar, al estilo de lo planteado para el ámbito municipal, dijo el martes el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
El Gobierno se encuentra dando los toques finales de la esperada y polémica reforma local, y prevé incluir algunos de sus puntos en su revisión del modelo de financiación autonómica, que quiere cerrar el próximo año dentro de sus esfuerzos por reducir el déficit y racionalizar el gasto público.
"El sistema de financiación autonómico nuevo (…) tiene que sustanciarse en el coste estándar, debe ser aplicado al conjunto de los servicios que prestan las comunidades autónomas", declaró Beteta en rueda de prensa tras reunirse con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El encuentro sirvió para dar un empujón más a la reforma local, con la que España pretende ahorrar unos 8.000 millones de euros entre 2014 y 2015 mediante la eliminación de duplicidades entre administraciones y reconfigurando la prestación de los servicios municipales.
De esa cifra de ahorro, 1.200 millones procederán de la limitación de los salarios de la administración local, según el último programa de estabilidad remitido por España a Bruselas, a pesar de que el Ministerio de Hacienda insistió el martes en que el Gobierno no tiene intención de bajar el sueldo a los empleados municipales.
El proyecto sí prevé eliminar las retribuciones para el 82 por ciento de los concejales y limitar las nóminas de los alcaldes en relación con la población de su municipio.
COSTES ESTÁNDAR, CLAVE DE LA REFORMA
El eje de la reforma, que lleva meses de retraso en su tramitación por discrepancias con el Partido Socialista o desde dentro del propio Partido Popular en el poder, será en cualquier caso la fijación de una serie de costes estándar por la prestación de servicios municipales atendiendo a criterios como la población, la dispersión o el envejecimiento.
Esos costes estándar, que se elaborarán en colaboración con la FEMP y las comunidades autónomas en los próximos meses, servirán para determinar si un municipio cumple criterios de eficiencia o si por el contrario debe trasladar la gestión de algunos servicios a entes como las diputaciones.
El número de ayuntamientos que tendría que ceder competencias podría ser altísimo, teniendo en cuenta que el Gobierno dice que ofrecer servicios a los ciudadanos es tres veces más caro en los pequeños ayuntamientos con respecto a los de mayor tamaño, en un país en el que el 95 por ciento de los 8.100 municipios españoles tiene menos de 20.000 habitantes.
Sobre el traslado de esta fórmula a las comunidades, Beteta explicó que tras los mecanismos de liquidez puestos en marcha el año pasado desde el Estado central para las regiones, como el FLA o el plan de proveedores, el Ejecutivo conoce "las tripas del gasto" de los servicios que prestan las comunidades, por lo que será fácil calcular los criterios de eficiencia.
El secretario de Estado explicó que cualquier sobrecoste en la prestación de servicios sólo se podría permitir si se tratara de una decisión política cuando existiera un superávit, pero que debería corregirse obligatoriamente si se tratara de una ineficacia en la gestión regional.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, dijo por su parte que era "de sentido común" que las exigencias a los ayuntamientos se extendieran a las comunidades y a la Administración Central.
"Para nosotros es fundamental que todo esto que hemos estado tratando sea de aplicación también a las comunidades autónomas y la propia administración general del Estado (…) es decir, que se sometan a los mismos procesos de eficiencia y de control", declaró.
