MADRID (Reuters) – Un juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acordó el viernes la apertura de juicio oral a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a otros 24 antiguos altos cargos autonómicos, por delito continuado de prevaricación.
Además, 18 de ellos, entre los que se encuentra Griñán, serán enjuiciados también por un delito continuado de malversación de fondos públicos.
Las acusaciones se enmarcan en la investigación de una supuesta trama de reparto irregular de ayudas sociolaborales y a empresas desde la administración andaluza, conocida popularmente como "caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo)".
En el auto hecho público hoy, el juez Álvaro Martín Gómez fijó una fianza de 4,2 millones de euros para Griñán, quien tendrá un mes para depositar sus bienes o de lo contrario se le embargarán.
Queda todavía por determinar la fecha de comienzo de dicho juicio, que celebrará la Audiencia Provincial de Sevilla, de acuerdo con lo dispuesto por el juez.
La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado 15 de septiembre una pena de seis años de cárcel para Griñán por un delito continuado de malversación. Respecto al expresidente Chaves, la Fiscalía pide su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años, al igual que a los 25 acusados por prevaricación, incluido Griñán.
Para los otros 17 acusados de malversación, principalmente altos cargos y directivos de la Junta de Andalucía, la Fiscalía pidió penas de entre 6 y 8 años de cárcel.
Tanto Chaves como Griñán -presidentes andaluces de 1990 a 2009 y de 2009 a 2013, respectivamente- solicitaron en junio la baja voluntaria del PSOE, cuando el juez acordó procesarlos. Los dos exdirigentes socialistas han negado tener ningún conocimiento ni haber tomado ninguna decisión ilegal en el caso.
Según el auto del juez, entre 2000 y 2011 presuntamente se instauró y mantuvo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía un procedimiento que buscaba eludir los mecanismos de control de la Intervención General para disponer y distribuir arbitrariamente ayudas laborales y a empresas superiores a los 854 millones de euros.
La Fiscalía dijo en su escrito de acusación que no hubo conocimiento ni convocatoria pública de las ayudas durante 10 años, evitando su fiscalización.
El PSOE, que ha gobernado Andalucía desde la vuelta de la democracia, necesitó el apoyo del nuevo partido Ciudadanos para conservar el poder en la presente legislatura regional, a cambio de que Chaves y Griñán dejasen sus cargos parlamentarios para perder el aforamiento que retrasaba su investigación.
