MADRID (Reuters) – La infanta Cristina declarará el próximo 8 de febrero como imputada en el caso de corrupción Nóos por presunto blanqueo de capital y delito fiscal, dijo el lunes el juez que instruye el caso, adelantando en un mes su comparecencia.
"La fecha que se ha encontrado más razonable (…) es la del día 8 de febrero a las 10 de la mañana en la sede de este Juzgado, quedando sin efecto el anterior señalamiento del 8 de marzo", dijo el juez José Castro en una providencia, sobre la primera declaración como imputada de un miembro de la familia real española.
Cristina de Borbón presentó el sábado un escrito a través de sus abogados aceptando declarar ante el juzgado de Palma de Mallorca que instruye el caso, en el que su marido, Iñaki Urdangarin, está acusado de enriquecimiento ilícito.
Como la infanta no ha recurrido su imputación, el juez ha decidido adelantar a febrero la cita, debido a que la anterior fecha tenía en cuenta los posibles recursos contra la imputación de la segunda hija del Rey.
"Es una idea de la infanta. Hemos decidido que declare porque hemos considerado que tenía que hacerlo cuanto antes para aclarar una situación en la que está absolutamente convencida de su inocencia", dijo el lunes su abogado, Miquel Roca, a medios antes de conocerse la nueva fecha.
La investigación sobre el supuesto desvío de fondos públicos realizado por el yerno del Rey a través de la fundación sin ánimo de lucro Nóos llevó el año pasado a una primera e histórica imputación de Cristina de Borbón, en la que el juez Castro apreciaba indicios de connivencia con su esposo, acusado de desviar casi seis millones de euros de fondos públicos.
Esa imputación fue suspendida por la Audiencia Provincial de Mallorca al considerar que no existían suficientes indicios incriminatorios, dejando abierta la puerta a que se investigara a la infanta por un presunto delito fiscal.
La nueva inculpación, a la que se opusieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, se produjo a raíz de conocerse que la infanta y su esposo pagaron gastos personales con cargo a Aizoon, una empresa mercantil sin actividad que compartían al 50 por ciento y a la que Urdangarin desvió fondos públicos desde Nóos.
La imputación de Cristina de Borbón supone un nuevo golpe para la familia real, que intenta recuperar la popularidad perdida entre una opinión pública que la ve ajena a la difícil realidad económica que viven los españoles a raíz de la crisis económica.
