MADRID (Reuters) – El juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta corrupción en la dirección de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) decretó a última hora del jueves el ingreso en prisión, eludible bajo fianza de un millón y medio de euros, del exdirector general de la entidad, Roberto López Abad, según confirmaron a Reuters fuentes judiciales.
Javier Gómez Bermúdez también decretó el traslado a la cárcel de Daniel Gil, exresponsable de inversiones inmobiliarias de la entidad intervenida por el Estado hace dos años, bajo fianza de 400.000 euros.
Ambos ejecutivos, al igual que las otras siete personas detenidas como parte de la operación "Mar Nuestro", están acusados de crear una estructura societaria de la que participaba la CAM que permitía derivar los beneficios de la explotación de grandes hoteles de lujo en el Caribe a un paraíso fiscal, defraudando millones de euros, según explicó el jueves un comunicado de la Guardia Civil.
Según informaciones publicadas en medios españoles, el magistrado habría ordenado las detenciones al entender que existía riesgo de fuga a Curaçao (antiguas Antillas Holandesas), país con el que España no tiene acuerdo de extradición.
Además de a los dos exdirectivos, la Guardia Civil detuvo a otras siete personas e implicó a once más por su relación con la trama, acusándolos de presuntos delitos fiscales, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Varios de los detenidos quedaron en libertad tras prestar declaración ante el juez.
Las pesquisas de la operación "Mar Nuestro" comenzaron en 2012 tras una denuncia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que asumió la administración de la caja una vez intervenida por el Banco de España, contra los exdirectivos de la entidad por la supuesta concesión de préstamos a conocidos empresarios levantinos eludiendo los procedimientos de control bancario.
Según la Guardia Civil, a través de un entramado de empresas en las que la CAM tenía un 30 por ciento de las acciones, los empresarios recibieron préstamos de más de 216 millones de euros para comprar dos hoteles y varios suelos hoteleros en México, República Dominicana y Costa Rica para su posterior explotación.
"(Ello) habría permitido derivar a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de lujo en el Caribe, estimándose en millones de euros la cantidad defraudada a la Hacienda Pública española", según la nota del instituto armado.
Tras su intervención por el Banco de España en 2011 -la tercera de una entidad bancaria por parte del Estado tras las de Cajasur y Caja Castilla-La Mancha, la CAM fue adjudicada y se integró en el Banco Sabadell.
