MADRID (Reuters) – Luis Bárcenas fue enviado el jueves a prisión provisional comunicada y sin fianza por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al considerar que ha aumentado el riesgo de fuga del extesorero del Partido Popular tras conocerse nuevos datos en la investigación sobre los supuestos casos de corrupción en los que está imputado.
Bárcenas, que trabajó durante tres décadas en el partido ahora liderado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está acusado de presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y de falsedad en documento mercantil, de acuerdo con el auto del juez.
Ruz siguió el criterio del fiscal, que también pedía la prisión sin fianza, al valorar "la posibilidad de que el imputado pueda llevar a efecto una intención de sustracción a la acción de la justicia, contando con medios económicos para facilitar su huida, en atención al patrimonio que se le presume y que, al presente momento, se constata como de difícil intervención judicial".
El abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, anunció que apelará la decisión del juez, según medios.
Las comisiones rogatorias enviadas a Suiza han desvelado que el valor de las cuentas de Bárcenas en las entidades financieras Lombard Odier y Dresdner Bank llegó hasta los 48,2 millones de euros, de acuerdo con el auto.
Pero Bárcenas, que estaba en libertad bajo fianza desde febrero, ha insistido siempre en la legalidad de sus operaciones financieras, atribuyendo esos elevados ingresos a su habilidad inversora.
A partir del inicio de la investigación judicial en 2009, se produjeron movimientos de efectivo en las cuentas, adquisiciones de empresas y la creación de nuevas cuentas en países como Uruguay y Estados Unidos, con la participación de su presunto testaferro Iván Yáñez y de quien fuera tesorero de Alianza Popular Angel Sanchís, señaló el juez.
Preguntado el jueves al respecto, Bárcenas "ofrece explicación parcial, inconsistente y manifiestamente insuficiente sobre el conjunto de actividades y operaciones patrimoniales en las que el mismo interviene a través de sus cuentas en Suiza, que en muchos casos entran en contradicción con las anotaciones que figuran en las comunicaciones internas de los gestores bancarios suizos y con la propia documentación remitida", según el auto.
PROCESO DE BLANQUEO
El extesorero y gerente del PP, que además es la pieza central de un escándalo sobre una supuesta contabilidad irregular del partido, comparecía por novena vez ante el magistrado, en esta ocasión acompañado de su mujer, Rosalía Iglesias, que también está imputada y sigue en libertad.
El juez les preguntó a ambos por la presunta venta de unos cuadros a la pintora argentina Isabel Mackinlay por la que Iglesias ingresó medio millón de euros en efectivo en una cuenta en Caja Madrid, ya que en una declaración anterior Mackinlay negó ante el juez la existencia de dicha operación.
Bárcenas respondió acusando a la ciudadana argentina de enajenación mental y anunciando unas acciones legales por falso testimonio que no ha emprendido aún. La operación habría supuesto una cuota defraudada superior a 120.000 euros.
En el auto, Ruz hace un detallado relato del proceso llevado a cabo para el supuesto blanqueo de capitales, "derivados en parte de las comisiones generadas por su participación en unión del imputado Francisco Correa en las adjudicaciones de contratos públicos realizadas a empresas afines".
Correa es el presunto cabecilla de la llamada "trama Gürtel", que habría concedido diversos regalos a numerosos políticos a cambio de la concesión de contratos para sus empresas.
En el proceso de blanqueo primero se colocaban los fondos, así como otras fuentes de ingresos de origen desconocido, "mediante la utilización masiva de dinero en efectivo", con ingresos en cuentas bancarias suizas realizados por el propio Bárcenas.
Posteriormente se encubrían "mediante la utilización de complejas operaciones" que dificultaran la identificación de sus titulares. En esta fase se realizaron diversas operaciones en la bolsa española, invirtiendo en bonos, fondos de inversión y en el mercado de divisas, unas actividades que entre 1999 y 2011 le generaron 4,2 millones de euros.
Y por último, los fondos ya blanqueados se integraban en la "economía real" o en "fondos aparentemente legítimos", hasta que en 2009 – año de inicio de la investigación judicial – se empezaron a mover hacia nuevas cuentas. Solo ese año se enviaron 3,5 millones de euros a entidades en Estados Unidos, valiéndose de presuntos testaferros como Yáñez y "estructuras societarias complejas y opacas".
USO DE LA AMNISTÍA FISCAL
Una de ellas, la empresa uruguaya Tesedul, fue utilizada para legalizar ingresos aprovechando la amnistía fiscal del Gobierno del año pasado, y se destinaron 1,5 millones de euros para la declaración tributaria especial, de cuya regularidad han dudado los peritos.
Los informes de la Agencia Tributaria recogidos por Ruz señalan que Bárcenas dejó de tributar tanto por el IRPF como por el impuesto de patrimonio casi dos millones de euros solo en los ejercicios 2002 y 2003.
La Fiscalía Anticorrupción también solicitó el jueves al juez Ruz que impusiera a Bárcenas una fianza por responsabilidad civil de 28,1 millones de euros. Este tipo de fianza sirve como garantía de pago en caso de que una persona sea condenada.
Con todos estos datos, al estar también próximo el final de la instrucción y considerar que hay una posibilidad "real" de que pudiera influir sobre otros imputados, el magistrado decidió enviar a prisión a Bárcenas, después de más de cuatro años de investigación.
El Partido Popular emitió un escuetísimo comunicado, de 17 palabras, en el que se limitó a decir que "como ha hecho siempre, respeta las decisiones judiciales", unas palabras similiares a las que pronunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El partido de centroderecha está inmerso también en una guerra judicial con quien fuera su empleado oficialmente hasta 2009, aunque siguió cobrando hasta este mismo año, después de que en enero el diario El País publicara unos papeles atribuidos a Bárcenas en los que se recogían presuntos pagos irregulares a dirigentes del PP, entre ellos el propio Rajoy.
El partido ha negado siempre la existencia de pagos ilegales, mientras que Bárcenas ha negado que los papeles fueran suyos, en uno de los casos que ha contribuido al enfado de los ciudadanos españoles con los políticos ante los numerosos casos de corrupción surgidos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
