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18/04/2024. 08:38:47

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El Parlament espera la comparecencia de Pujol para explicar su fortuna oculta

Reuters

MADRID (Reuters) – El expresidente catalán Jordi Pujol, una de las figuras más destacadas de la política española de las últimas décadas, comparece el viernes en el Parlamento de Cataluña para dar explicaciones por la fortuna que ha reconocido haber tenido en el extranjero durante décadas.

Pujol en el Parlamento catalán en Barcelona, el 20 de diciembre de 2012

Pujol, de 84 años, desató un revuelo político en julio cuando anunció que su familia se había acogido a la amnistía fiscal del Gobierno al regularizar una cantidad de dinero sin especificar procedente de la herencia recibida de su padre en los años 80.

Desde entonces, el fundador de Convergència i Unió ha sido despojado de todos sus privilegios y honorarios y su familia está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido a Suiza y Andorra datos bancarios de los nueve miembros del clan.

El reconocimiento por parte de Pujol puso fin a una imagen de honradez y probidad construida durante decenios y que constituía uno de los baluartes de los políticos catalanes, que defendían que en Cataluña no cabía la corrupción que se ha convertido en uno de los mayores problemas de la vida pública en España.

La admisión del fraude, uno de los más graves ocurridos en el país, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llega después de dos años de investigaciones judiciales sobre sus hijos Jordi Pujol Ferrusola y Oriol Pujol por presuntos delitos de corrupción.

Según un informe policial citado por el diario El Mundo el jueves, la familia Pujol movió más de 581 millones de euros en paraísos fiscales desde 2009, dinero procedente según el periódico del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios de la Generalitat.

El Parlament escuchará a Pujol en un momento en que la opinión pública está pendiente de la convocatoria por parte del Govern de un referéndum de autodeterminación en Cataluña para el próximo noviembre, una consulta que el Ejecutivo de Madrid considera ilegal y que tratará de frenar en el Tribunal Constitucional.

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