MADRID (Reuters) – Con Cataluña semiparalizada por el paro en protesta por las cargas policiales del pasado domingo en el referéndum secesionista suspendido por la justicia, el rey Felipe VI salió el martes en defensa de la unidad nacional y del Ejecutivo central y dijo que el Estado actuará para preservar la Constitución.
"Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía", dijo el jefe de Estado en una declaración extraordinaria desde el Palacio de la Zarzuela.
En una intervención retransmitida por todos los medios nacionales, el monarca acusó al gobierno catalán de "deslealtad" y de socavar la convivencia y la división social tras vulnerar "sistemáticamente" las leyes.
Apenas dos horas después, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo en una entrevista a la BBC que Cataluña declarará la independencia de forma unilateral "en cuestión de días".
Mientras, el gobierno central pondera si aplica o no el artículo 155 de la Constitución, que permite adoptar medidas drásticas para proteger el interés general si una región incumple sus obligaciones o actúa en contra del mismo.
La declaración institucional del Rey, quien admitió explícitamente que "vivimos momentos muy graves para nuestra vida democrática", muestra la trascendencia del problema ya que no es habitual su comparecencia – al margen del discurso anual- y se limita a circunstancias muy especiales, la más sonada la de su padre Juan Carlos I, en el fallido golpe de estado de hace 36 años.
El monarca no mostró ninguna fisura con el gobierno central, al referirse al "inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña" por parte del gobierno regional, al que acusó de situarse "totalmente al margen del derecho y de la democracia".
En un país con un sentimiento republicano presente, para algunos observadores la intervención del jefe del Estado puede ser una excusa más para la causa independentista, que ya ha utilizado las cargas policiales del domingo para sumar adeptos.
En su tercer año de mandato, el Monarca ha tenido que lidiar con dos de las crisis políticas e institucionales más importantes de la democracia: la falta de gobierno durante más de un año y la crisis con Cataluña.
Además, tuvo que bregar con una ruptura institucional con su hermana, la Infanta Cristina, tras retirarle el ducado de Palma cerca del juicio del caso Nóos que investigó a su marido, Iñaki Urdangarín, sentenciado a seis años y tres meses de cárcel por malversación y tráfico de influencias, entre otros delitos.
POCO MARGEN PARA EL DIÁLOGO
La fractura social y la gran repercusión mediática de la crisis de Cataluña se ha extendido a ámbitos tan diversos como el fútbol, las organizaciones sindicales, los cuerpos de policía o los grupos parlamentarios mientras que la comunidad internacional clama por la negociación.
Sin mencionar en ningún momento la palabra "diálogo" y asegurando que la deriva puede amenazar la estabilidad económica del país, el discurso del monarca puede ser interpretado como un aval a la hipotética aplicación del artículo 155, considerado por algunos como la solución del "botón nuclear".
Sí recordó a los ciudadanos catalanes que la democracia "ofrece vías constitucionales para defender sus ideas dentro del respeto a la ley".
Aunque el gobernante Partido Popular tiene una amplia mayoría en el Senado, la cámara que ha de validar la aplicación del polémico artículo, el gobierno central probablemente querría contar con el apoyo de al menos el Partido Socialista, la principal fuerza de la oposición y hasta ahora aliado en el orden constitucional.
Mientras que Ciudadanos, el cuarto partido más representado en el parlamento nacional, ha pedido la aplicación del artículo, los responsables socialistas piden que se apueste por el diálogo.
En declaraciones posteriores a la intervención del Rey, el responsable de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, apeló a la "calma y serenidad para poder afrontar el futuro con garantía y seguridad".
El movimiento independentista, que comenzó a tomar fuerza en 2010 tras una sentencia del Tribunal Constitucional tumbando una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha crecido en los últimos días en un contexto cada vez más inflexible.
La esgrimida violencia del domingo que, según altos cargos catalanes tuvo como resultado 900 heridos en toda la región, ha elevado la tensión como mostró el martes el paro y las manifestaciones en protesta por las cargas policiales. [nL8N1MD4TJ]
Desde el partido en el gobierno de Madrid se considera que el argumento de la violencia ha sido utilizado y que la cifra de "atendidos" en la jornada de voto es "una gran farsa".
"Hemos pasado del España nos roba al España nos pega", dijo el martes el portavoz del grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando.
Pero el sentimiento en Cataluña parece más arraigado que nunca: "Hemos perdido el miedo", dijo a Reuters Jordi Casals, concejal de 39 años de Esquerra Republicana en la localidad de Torello. "Tirar para atrás es imposible".
