MADRID (Reuters) – El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decretó el jueves prisión eludible con fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que será trasladada al centro penitenciario de Alcalá Meco hasta que haga efectivo el depósito.
En la causa que investiga la participación de Forcadell y cinco miembros de la Mesa del Parlament en el proceso secesionista en Cataluña que llevó a la destitución del gobierno regional y la intervención de la Comunidad, el tribunal acordó libertad con fianza de 25.000 euros para cuatro de los miembros de la mesa que tendrán una semana para hacerla efectiva y libertad condicional para el quinto investigado.
El magistrado rechaza parcialmente la petición de la fiscalía, que había solicitado una orden de prisión incondicional contra Forcadell y contra otros tres miembros de la Mesa de la cámara regional en la causa que investiga posibles delitos de rebelión, sedición y malversación en el marco del proceso independentista tumbado por los tribunales.
Tanto la decisión judicial como la estrategia de la defensa contrastan con otra causa en manos de la Audiencia Nacional en contra del destituido gobierno catalán. La juez a cargo de dicha causa, Carmen Lamela, envió a prisión incondicional a ocho exconsejeros del Govern que decidieron no declarar y dictó una orden de arresto internacional contra el expresidente regional Carles Puigdemont y otros cuatro "exconsellers" que se encuentran en Bélgica en libertad vigilada.
Tras tomar declaración a los seis investigados en el Supremo, Llarena dijo el jueves que "todos los querellados han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".
En el caso de los miembros del Govern encarcelados, Lamela, que el jueves rechazó un nuevo recurso pidiendo su excarcelación, basó su decisión en el riesgo de fuga para quienes se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de cárcel pero también por el peligro de "reiteración delictiva" después de que los investigados, al contrario de lo que sucedió el jueves con los miembros del Parlament, rehusasen declarar.
En sus respuestas a los interrogatorios en el Supremo, tanto Forcadell como el resto de los investigados dijeron que la declaración unilateral de independencia (DUI) cuya tramitación facilitaron era declarativa y sin efectos jurídicos, según abogados.
"Como primera premisa, debe excluirse que los querellados aspiraran a lograr la independencia del territorio por las vías legales. Jamás pudo llegar a configurarse esa convicción sobre la corrección jurídica del proceso (…)", dijo el Supremo en un auto menos agresivo que el de la Audiencia Nacional contra los miembros del destituido gobierno.
El Supremo decidió asumir la investigación de otros procesos abiertos contra los miembros de la Mesa que actualmente tramitaban las salas civil y penal del Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia y prevaricación.
Teóricamente, el alto tribunal podría también acordar agrupar y asumir los casos de la Audiencia Nacional, tanto el de los miembros del Govern como las investigaciones contra los líderes de las asociaciones ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también en prisión preventiva acusados de un supuesto delito de sedición.
CAMPAÑA ELECTORAL DESDE BÉLGICA O ENTRE REJAS
A algo más de un mes de elecciones en la región convocadas por el gobierno central tras una histórica intervención de la autonomía, las actuaciones judiciales están centrando la atención mediática y popular.
Mientras Puigdemont plantea su disposición a la candidatura electoral desde Bruselas, su exvicepresidente Oriol Junqueras, líder de ERC – la fuerza con más intención de voto en Cataluña según los sondeos -, vive desde prisión la precampaña aunque es previsible que en los próximos días presente un recurso para solicitar su salida.
Sin embargo, pese a reconocer la cita electoral, en una misiva desde Bélgica publicada por El Punt Avui, el expresident dijo que "el gobierno legítimo de Cataluña", en referencia a él mismo y el resto de los mandatarios cesados, establecerá una "estructura estable" en Bruselas para "coordinar las acciones de gobierno".
Desde Salamanca, donde el jueves era investido Doctor Honoris Causa, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker reiteró su apoyo al gobierno español al advertir contra las amenazas separatistas en Europa y pedir "determinación" contra "cualquier forma de separatismo que fragiliza Europa".
España enfrenta una de las peores crisis institucionales de su historia reciente ante las ambiciones secesionistas del gobierno catalán que desembocó en una declaración de independencia tumbada por los tribunales y en la intervención de la autonomía por parte del Estado, que cesó al gobierno catalán en pleno y convocó comicios regionales para el 21 de diciembre.
La crisis, en cuya gestión el Ejecutivo central ha contado, además de con el respaldo europeo, con el apoyo de la mayoría del parlamento nacional, ha partido en dos la ya segmentada sociedad catalana y ha provocado un amplio y desgastado debate a nivel nacional. En Twitter, Forcadell era trending topic nacional.
Además, ha tenido efectos económicos con la fuga de en torno a 2.000 empresas de la región por la incertidumbre y diversas proyecciones de impacto negativo para el empleo y el PIB regional y, en menor medida, nacional.