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El Supremo ve una "clara extralimitación" en el indulto a Alfredo Sáenz

26 de Febrero de 2013

MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo considera que se produjo una "clara extralimitación" en el indulto que el anterior Gobierno concedió al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, al pretender que el perdón se extendiera también a la inhabilitación para ejercer la profesión bancaria.

Reuters


REUTERS/Sergio Pérez

"Se quería algo más que el simple perdón de la pena accesoria de suspensión, se pretendía la eliminación de cualquier obstáculo o impedimento en el ejercicio de la actividad bancaria derivado de la existencia de una condena penal", indica el Supremo en una sentencia que se hizo pública el martes pero cuyo fallo ya se conoció a principios de este mes.

En marzo de 2011, el consejero delegado del mayor banco español solicitó el indulto con relación a una sentencia del Supremo que condenaba al ejecutivo de la entidad a tres meses de arresto por un delito parcial de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, lo que acarrea la inhabilitación para ejercer la actividad bancaria.

"Una consecuencia jurídico-administrativa de la existencia de antecedentes penales es que una norma reglamentaria -el RD 1245/1995- presume que quien los tiene carece del requisito de honorabilidad previsto en dicha norma para el ejercicio de la actividad bancaria", recuerda el Supremo en el fallo.

"Llevar más allá la extensión de la gracia no sólo contraviene la ley que la ordena sino la propia Constitución", añade.

Un mes antes de la concesión del indulto - que concedió el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la última reunión del consejo de ministros de su legislatura, en noviembre de 2011 - el Supremo ya informó desfavorablemente sobre la petición solicitada por el consejero delegado al no apreciar "concurrencia de razones de justicia o equidad para la concesión del indulto".

Actualmente, el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en un Real Decreto para modificar los requisitos de "honorabilidad" en las entidades de crédito en la que se contemplan posibles excepciones a delitos probados y condenados.

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