MADRID (Reuters) – El juez español Baltasar Garzón, reconocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal, considera que la economía está anteponiéndose a los derechos humanos en España, donde en breve quedarán cerrados casos de supuestos genocidio y tortura por una modificación legislativa.
El magistrado, de 58 años, dijo el lunes en una entrevista con Reuters que los pasos dados por el gobernante Partido Popular para acabar con el principio de jurisdicción universal en España están directamente relacionados con la orden de detención dada la semana pasada por la Audiencia Nacional contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros tres exdirigentes acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad en el Tíbet.
"Este Gobierno es tan pragmático que opta antes por la paz económica que por la beligerancia jurídica para defender principios", dijo el juez, inhabilitado en España a raíz de una condena por prevaricación, en su despacho de abogados en Madrid.
"Aquí los únicos principios son los de los mercados, eso es lo grave para resolver crisis, que solamente importan esos aspectos económicos, olvidando los principios que subyacen y que son los que dan la configuración de un sistema democrático fuerte", añadió.
El jurista, que alcanzó fama internacional al ordenar en 1998 la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, afirmó que la ley que permite juzgar en España supuestos crímenes cometidos en otros países se quiere modificar por la vía rápida para hacer frente a las veladas amenazas diplomáticas desde China en el terreno económico.
"Que va a haber problemas diplomáticos, sí, pero si no superamos esos problemas entonces vamos a estar siempre humillados. ¿O es que los derechos humanos valen para los países grandes y no para los pequeños? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una especie de comodín que nos interesa ubicarlo aquí pero que nos preocupa exigirlo a países como EEUU, o como China, o como Rusia, o como Israel, o Arabia Saudí", se lamentó.
Garzón, que ayudó a convertir a España en pionera en la persecución de casos de vulneración de los derechos humanos, lamenta que las presiones diplomáticas conduzcan ahora a dar carpetazo a los aproximadamente 15 casos abiertos en la Audiencia, como los del Tíbet, Guantánamo o el del camarógrafo español José Couso, muerto en 2003 al alcanzarle un proyectil estadounidense durante la guerra de Irak.
La modificación, que está ya en el trámite parlamentario, permite limitar esas investigaciones a los casos en los que los sospechosos sean españoles o residan en España, lo que ha desencadenado críticas de grupos de defensa de los derechos humanos. El PP, que alega que la actual ley no es eficaz porque los procesos no llegan a ningún sitio, afirma que esta modificación no responde a ningún caso en particular, aunque reconoce que ha habido fricciones diplomáticas por estas causas.
ARGENTINA, MODELO A SEGUIR EN JUSTICIA UNIVERSAL
El juez se refirió a la paradójica situación de que hoy el modelo a seguir en el terreno de la justicia universal sea Argentina, país al que sirvió de ejemplo la condena en España a más de 1.000 años de cárcel al exmilitar Adolfo Scilingo, por torturas y desapariciones forzosas durante la dictadura argentina.
En el país sudamericano hay varios casos abiertos de víctimas de la dictadura de Francisco Franco (1939-75) que han visto cómo sus reclamaciones judiciales en España se topaban con la negativa del Tribunal Supremo, que consideró en 2010 que los crímenes del franquismo no podían investigarse, dado que existía una ley – la de amnistía de 1977 – que lo impedía.
"Nosotros actuamos respecto a Argentina en el 96 (con Scilingo), ahora Argentina está actuando respecto de nosotros para investigar los crímenes franquistas que aquí. De forma vergonzosa, la justicia ha decidido que ni se investiga, ni se repara, ni se opta por la verdad", dijo.
El magistrado señaló que aunque el Gobierno español está colaborando formalmente con la justicia argentina en estos casos, no extraditará ni juzgará a ningún acusado, lo que conducirá a la impunidad y a que no se repare a las víctimas.
"España está haciendo lo contrario a lo que nos están diciendo desde organismos de derechos humanos (..), que nos piden que tenemos que hacer lo necesario para acabar con la ley de amnistía y atender, proteger y reparar a las víctimas del franquismo", dijo Garzón, que afirmó que hay más de 150.000 víctimas y unos 30.000 niños robados a sus madres al nacer.
UN JUEZ SIN JUZGADO
El caso de los crímenes del franquismo fue una de las últimas investigaciones que dirigió Garzón desde la Audiencia Nacional y que le valió que se le denunciara por prevaricación en 2009, al declararse competente para abordar un asunto que legalmente no se podía investigar.
Sin embargo, fue otro caso – el de la trama de corrupción Gürtel – el que apartó a Garzón de la Audiencia Nacional, donde durante 24 años se hizo cargo de algunos de los sumarios más relevantes de los últimos decenios, desde casos de corrupción a narcotráfico o terrorismo.
El Tribunal Supremo lo apartó de su puesto en 2012 al entender que se había excedido en su interpretación de la ley por ordenar intervenir las conversaciones telefónicas que mantenían con sus abogados desde prisión los principales encausados de la trama Gürtel, en la que se ha implicado a varios cargos del partido en el poder.
"Lo que quiero es que el PP colabore con la justicia en el caso de corrupción Gürtel, lo que opinen de mí me da igual", dijo sobre un caso que ha llevado a que se investiguen las cuentas de la principal fuerza política del país.
"Me preocupa como ciudadano, como juez, que la credibilidad de la política esté por los suelos (..) Y no tengo tiempo para estar doliéndome de las heridas, ya pasó", dijo sobre la decisión judicial que le ha inhabilitado hasta 2023 y que tiene recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Tras su inhabilitación, el magistrado se ha centrado en su despacho de abogados, la gestión de su fundación pro derechos humanos, presente en cuatro países, y otro caso de alcance internacional, la defensa de Julian Assange, fundador de la web WikiLeaks, conocida por revelar información reservada del Gobierno estadounidense.
También se dedica a una plataforma – Convocatoria Cívica – para fuerzas políticas minoritarias, con el fin de cambiar el sistema democrático español, que ahora tiende al bipartidismo, y propiciar la participación cívica.
"Hay que convencer a los ciudadanos de que esas nuevas corrientes tienen que ser tenidas en cuenta" para que el electorado pueda votar "sin taparse la nariz", concluyó Garzón, quien se dedicó unos meses a la política activa en 1993, tras su elección como diputado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Al PP y el PSOE "los tenemos que hacer cambiar, abrirse y evolucionar. Esa teoría de decir 'no, la Constitución no se toca, la estructura no se toca, la financiación no se toca…' ¿por qué no cambiar en función de las necesidades que tiene la sociedad?", se preguntó Garzón.
