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Human Rights Watch denuncia abusos en las protestas en Chile

27 de Noviembre de 2019

SANTIAGO, 26 nov (Reuters) - El presidente chileno Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas ayuden a proteger infraestructura “crítica”, en una jornada en la que Human Rights Watch acusó graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden en el control de las manifestaciones.

Reuters

REUTERS/Rodrigo Garrido

El país sudamericano sumó el martes 40 días de protestas sociales con nuevas movilizaciones callejeras en Santiago y otras ciudades del país. Las manifestaciones, detonadas por un alza en el precio del transporte, han dejado más de 20 muertos y miles de heridos y detenidos, así como cuantiosas pérdidas por saqueos, incendios y destrozos a propiedad pública y privada.

El proyecto de ley que envió Piñera permite que las Fuerzas Armadas resguarden servicios básicos -como instalaciones de suministro eléctrico, agua potable, telecomunicaciones y salud- sin tener que decretar estados de excepcionalidad, como lo hizo al inicio del estallido social a mediados de octubre.

"Quiero dejarlo muy en claro: esta ley que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas no va a significar ninguna restricción a las libertades y derechos de los chilenos como sí lo contemplan los Estados de Excepción Constitucional", dijo el presidente de centroderecha.

Durante el día, Piñera también se reunió con el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien le presentó las conclusiones y recomendaciones a las que llegó el grupo tras dos semanas de pesquisas en Chile.

En su informe el grupo denunció que efectivos de Carabineros, la policía chilena, cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las masivas protestas, a la vez que llamó al gobierno a promover reformas para modernizar y profesionalizar a su fuerza policial.

"Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes", dijo Vivanco, que ya había adelantado parte del contenido el fin de semana.

HRW formuló 10 recomendaciones para reformar a la policía militarizada encargada del orden público en Chile, como asegurar que existan mecanismos internos de control, reformar el sistema de disciplina, instalar cámaras en las áreas de todas las comisarías del país, suspender cualquier uso de perdigones y reforzar el entrenamiento de los carabineros, entre otras.

Según el informe, "Carabineros movilizó a 20.000 de los 60.000 miembros de la fuerza para responder a manifestaciones en todo el país (...) De estos, apenas 1.400 son miembros de las Fuerzas Especiales, la unidad que está preparada para estas tareas".

Vivanco dijo que no se podía inferir que los abusos habían sido sistemáticos. Las conclusiones de HRW estuvieron en línea con un informe de Amnistía Internacional divulgado la semana pasada sobre estos sucesos, en que unos 200 chilenos han sufrido graves lesiones oculares a raíz del impacto de perdigones.

Por la tarde, la clínica Santa María de Santiago donde estaba internado un estudiante herido gravemente en ambos ojos confirmó que debido a "la gravedad de sus lesiones" el joven quedó ciego, en el caso más grave hasta ahora sobre traumas oculares.

La Fiscalía había informado antes que abrió 2.670 investigaciones penales por violaciones a derechos humanos que involucran a igual número de víctimas. Tanto la policía como el gobierno han señalado en varias ocasiones que cualquier abuso será investigado por la justicia.

"Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial en situaciones de disturbios y de detención", dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

La subsecretaria dijo que la policía debe entregar un informe dentro de una semana en que revisen protocolos y realicen propuestas con medidas de corrección. Por su parte, Carabineros dijo en una declaración que "por cierto que se pueden haber cometido errores" y que "tomamos con humildad y responsabilidad las recomendaciones hechas por Human Rights Watch".

Pese a que han bajado su intensidad frente a los primeros días, las manifestaciones en la calle persisten en varias ciudades del país, tanto con marchas y concentraciones como choques con la policía, saqueos y ataques incendiarios.

El gobierno de Piñera ha anunciado medidas paliativas y los partidos políticos de oposición y de gobierno llegaron a un acuerdo para escribir una nueva Constitución, pero esto parece no convencer a los manifestantes, que exigen mejoras en salud, educación y pensiones, entre varios otros reclamos.

"Esto no para", dijo a Reuters Rosa Olarce, una vendedora de una farmacia que esperaba por largo rato junto a decenas de personas un bus para llegar a su trabajo. "Pero hay que ver qué se logra (con las protestas)", agregó.

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