MADRID (Reuters) – El Ministerio del Interior ha dado órdenes para que la policía establezca perímetros de seguridad en torno a las casas de los políticos que sean acosados por protestas populares, los denominados «escraches», dijo el miércoles el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz.
El ministro dijo que la policía había de actuar para garantizar el derecho de reunión y la intimidad del acosado, después de una serie de protestas ciudadanas que pretenden avergonzar a los políticos por la escabrosa ley hipotecaria que ha multiplicado el drama social en un país en recesión.
"El principio es garantizar la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad personal y familiar, el ejercicio en el marco de la ley del derecho fundamental de reunión y manifestación, y a partir de ahí que eso se garantice adecuadamente. Y eso exigirá que en algunos casos, en casi todos los casos, se establezcan unas medidas de seguridad consistentes en distancias de seguridad", dijo el ministro en los pasillos del Congreso.
Fernández Díaz salía al paso de las declaraciones de su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que anunció en una reunión con altos mandos policiales que se establecería un cordón de seguridad de 300 metros en torno a la vivienda ante la cual se fuera a llevar a cabo la protesta.
"Yo niego tajantemente que se haya establecido una instrucción que diga 300 metros, entre otras cosas, porque hablar de 300 metros con carácter universal no tiene ningún sentido, porque habrá que ver cómo es la calle, dónde está el domicilio situado, las circunstancias del entorno", dijo el ministro.
Inspirados por las campañas latinoamericanas de defensa de los derechos humanos en los años 90, en las últimas semanas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha celebrado varios "escraches" – término argentino de denuncia – a las puertas de los domicilios de varios políticos, entre ellos el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El Gobierno había criticado estas medidas y había amenazado con actuar contra los manifestantes, a los que acusa de acosar a miembros del Partido Popular en el poder, en medio de una indignación generalizada contra la gestión de la crisis económica.
Los manifestantes quieren ahora cambios drásticos en la normativa de hipotecas, incluyendo la dación en pago retroactiva, una medida que podría dañar a los bancos. En la actualidad, las deudas ni siquiera se cancelan con la muerte del deudor, lo que hace la legislación española bastante más estricta que en muchos otros países.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró que el Parlamento accediera a debatir una iniciativa ciudadana sobre las hipotecas después de que la petición en Internet fuera firmada por 1,5 millones de personas.
Sin embargo, la reforma de la ley sufrió el martes un duro revés para las aspiraciones de la agrupación ciudadana al cerrarse la puerta a que el Pleno de la Cámara Baja debata el texto.
