MADRID (Reuters) – La Fiscalía General del Estado presentó el lunes dos querellas por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y su gabinete por un lado, y la Mesa del Parlament por otro, después de la declaración unilateral de independencia del viernes pasado.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció que la iniciativa judicial contra el Gobierno cesado se presentará ante la Audiencia Nacional debido que los querellados ya no cuentan con la condición de aforados, mientras que en el caso de la Mesa, su presidenta Carme Forcadell y otros cinco miembros deberán responder ante el Tribunal Supremo.
"Con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución, el pasado 27 de octubre", dijo Maza durante una breve comparecencia en la Fiscalía General del Estado.
El Gobierno español respondió a la declaración de independencia con una serie de medidas de intervención en la región, al amparo del artículo 155 de la Constitución española, que incluían el cese del Govern, la disolución de las cortes catalanas y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Los querellados deberán ser citados próximamente a declarar, tras lo que se les podrían aplicar las medidas cautelares pertinentes, que podrían incluir fianza y embargo de bienes por hasta 6.207.450 euros.
El delito de rebelión contempla penas de hasta 30 años de cárcel contra aquellos que se alcen de forma violenta y pública para, entre otros supuestos, "derogar suspender o modificar" la Constitución o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".
En sus querellas, el fiscal general del Estado define el delito de rebelión como el "más grave que puede cometerse contra el Estado y sus "principales instituciones".
"Los querellados actúan con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir, como finalidad última, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que con ello contravienen la Constitución y de que actúan en abierta oposición al orden jurídico en su conjunto y a las resoluciones judiciales", agregó el texto de la querella.
La difusión de las querellas por parte del gabinete de prensa alimentará previsiblemente el discurso de "represión" esgrimido por las fuerzas independentistas ya que en el documento titulado "Cataluña. 2017" figura la frase "Más dura será la caída" en los metadatos del documento, dando a entender que ese era el asunto interno usado por la Fiscalía.
"CONSUMACIÓN ANTICIPADA"
Pese a que diversos expertos cuestionaban que la Fiscalía pudiera querellarse por rebelión ante la aparente ausencia de violencia, el texto de la querella remite a la doctrina jurídica para justificarlo.
"Se trata de un delito de resultado cortado o de consumación anticipada en el que es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo para la consecución de los fines
rebeldes", señaló.
Poco después de conocerse las querellas se conoció que Puigdemont había viajado a Bruselas con varios exconsejeros catalanes, donde ha contratado a un abogado belga.
El letrado belga Paul Bekaert, cuya web dice es miembro de una organización de defensa de derechos humanos, confirmó que Puigdemont le ha contratado como abogado, pero no dijo si estaba trabajando en una petición de asilo.
"Soy su abogado en caso de que me necesite. De momento, no estoy preparando ningún dossier específico para él", dijo a Reuters Bekaert.
El secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, dijo el domingo a una emisora belga que podría ser realista conceder asilo a Puigdemont en caso de que este presentara una solicitud.
