PALMA DE MALLORCA (Reuters) – La infanta Cristina, segunda hija del Rey de España, se desvinculó el sábado de las actividades supuestamente ilegales de una empresa participada a medias con su marido por las que ha sido imputada por un delito fiscal y de blanqueo de capitales, durante un largo interrogatorio judicial por un caso de corrupción que ha deteriorado la imagen de la monarquía en el país.
Cristina de Borbón, la primera miembro de la Casa Real en sentarse en el banquillo, respondió durante horas a centenares de preguntas planteadas por el magistrado José Castro en un juzgado de Palma de Mallorca sobre su participación en la sociedad Aizoon, a la que se sospecha que su marido, Iñaki Urdangarin, desvió parte de los fondos públicos con los que supuestamente se enriqueció de forma ilícita.
"Con toda sinceridad, no creo que se pudiera declarar mejor", dijo a los periodistas tras el final de la declaración el jefe del equipo de su defensa, el abogado y expolítico Miquel Roca. "Es una declaración en la que ha habido de todo: Sentimiento, ha habido sinceridad, ha habido duda, confirmación, contundencia. Ha sido una declaración muy leal", añadió.
La infanta, que declaró durante algo más de cinco horas, contestó también al fiscal, que se ha mostrado en contra de su imputación, y al abogado del Estado, dejando sin respuesta a las acusaciones populares.
"Tenía la oportunidad de explicarse y no lo ha hecho", dijo a Reuters la abogada Aína Díaz, miembro del equipo jurídico del Frente Cívico, una de las dos acusaciones populares. "Seguimos sin saber el por qué de todo, por qué era socia al 50 por ciento de Aizoon, por qué se pagaba los gastos familiares, de dónde sacaban ese volumen de dinero que tenían", dijo.
La Casa Real ha tratado de distanciarse de la pareja, que no interviene en actos públicos desde octubre de 2011, pero el goteo de las revelaciones en una instrucción judicial que ya dura más de tres años y el accidente sufrido por el Rey en una cacería en Botsuana en 2012 – tras el cual ha sido operado en varias ocasiones de ambas caderas – han perjudicado notablemente la imagen de la monarquía.
CAÍDA DE LA POPULARIDAD
Por la mañana, ante la llegada de la infanta, que estuvo acompañada de un fuerte despliegue policial con más de 200 agentes y de una enorme expectación mediática, con unos 400 periodistas acreditados, centenares de personas se manifestaron en los aledaños del tribunal con banderas republicanas y catalanistas, coreando lemas contra la monarquía y a favor del juez.
"Yo soy monárquico, pero si lo han hecho mal, que devuelvan lo que han robado, que se vean como nosotros", dijo Ángel Rodríguez, un jubilado de 80 años, cerca de la sede judicial.
La popularidad del Rey – muy apreciado durante décadas por su papel en la transición española a la democracia – se encuentra en mínimos, y una mayoría de españoles, según los sondeos, quiere que abdique en su hijo el príncipe Felipe, una posibilidad descartada por la Casa Real.
"El apoyo al Rey ha caído en picado cuando, en una situación económica y social muy difícil su Majestad ha proyectado una imagen de descuido de sus obligaciones y frivolidad, por la que – algo inaudito- ha tenido que pedir disculpas a la ciudadanía", dijo a Reuters esta semana Ignacio Torres, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense.
Poniendo fin a una polémica que se había prolongado semanas, la infanta sí se dejó ver al entrar en el tribunal a las 9:45 horas, después de recibir permiso para acceder en coche. Vestida con chaqueta negra, blusa blanca y pantalones oscuros, saludó a los decenas de cámaras y fotógrafos en un breve recorrido de unos metros, en lugar de bajar a pie la larga rampa de acceso, como Urdangarin, su exsocio Diego Torres y su mujer, también imputados en el caso.
En su salida, a las 1815 horas, sonrió a los medios de comunicación y dio las gracias antes de subirse al coche de cristales tintados en el que había llegado.
USO PARA GASTOS PERSONALES
El juez inició hace más de tres años la investigación sobre este caso, derivado de otro proceso de corrupción en Baleares, y las actividades de Urdangarin en el Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que junto con Torres habría utilizado supuestamente para lucrarse con hasta seis millones de euros recibidos de las comunidades valenciana y balear por tareas de asesoría y celebración de actos deportivos.
Castro imputó a la infanta – que también era vocal de Nóos – en abril de 2013 por indicios de complicidad, pero esa decisión fue revocada por la Audiencia Provincial.
El mes pasado, el juez fundamentó una nueva imputación en un auto de 217 páginas en el que señala que la infanta se benefició de "los fondos ilícitamente ingresados" en Aizoon y pagó menos impuestos a Hacienda al cargar a la sociedad gastos personales como obras en su vivienda, viajes o compras.
"La mayoría de las respuestas han sido 'No sé, no recuerdo y confiaba plenamente en mi marido'", dijo a los periodistas el abogado del Frente Cívico Manuel Delgado, presente en el interrogatorio.
Roca, defensor de la infanta, no aclaró si a partir del lunes pedirán el sobreseimiento de las actuaciones contra su defendida.
"Dejaremos que el tiempo ayude en la reflexión que la propia administración de justicia debe realizar", afirmó.
Una vez que se pronuncien las partes, el juez podría retirar los cargos, mantenerlos y acabar procesando a la infanta o pedir una cuantía como responsabilidad civil.
Aunque aún tiene que responder a una petición de Manos Limpias para extender la investigación a los fondos que la candidatura olímpica de Madrid 2016 pagó a otra empresa de Urdangarin, la instrucción, calificada como "un martirio" por Casa Real, podría estar próxima a concluir.
