MADRID (Reuters) – La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía dio el martes el primer paso para imputar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en uno de los mayores casos de corrupción desvelados en España en los últimos años, según un auto reproducido el martes por varios medios.
Mercedes Alaya ha ordenado comunicar la existencia del procedimiento judicial en calidad de imputados a Chaves, Griñán y otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía, todos aforados en el Parlamento nacional o autonómico andaluz.
De este modo los dos expresidentes andaluces – que son el actual presidente nacional del PSOE y su antecesor en el cargo – y sus cinco exconsejeros – Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Manuel Recio y Antonio Ávila – podrán personarse en la causa con abogado y procurador, para obtener garantías judiciales.
La juez no puede imputar directamente a los aforados, sino que debe elevar una exposición razonada al Tribunal Superior competente tras agotar la investigación, de forma que perdería la instrucción del caso, pero les comunica el proceso para salvaguardar sus derechos.
La noticia llega el mismo día en que la sucesora de Griñán al frente del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, anunciaba la composición de un gobierno en el que ha prescindido de todos los cargos que pudieran estar relacionados con el escándalo.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, dijo el martes a periodistas en una comparecencia en la Cámara que el auto había "generado una imputación mediática".
"Tras este auto , el señor Griñán, el señor Chaves y el resto de las personas señaladas no están imputadas", dijo.
Mientras, el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, dijo a periodistas en el Congreso que su partido debía adoptar decisiones que supongan "una apuesta clara, directa y radical por la regeneración democrática".
Alaya ha imputado ya a más de un centenar de personas, entre ellos una veintena de dirigentes y exdirigentes públicos de la Junta de Andalucía, así como la exministra socialista Magdalena Álvarez, por un fraude con subvenciones públicas que se habría producido desde el año 2000.
El fraude investigado se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y se estima que la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE asciende a 136 millones de euros.
Hasta ahora, el presunto cabecilla de la trama es el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que dispuso sin control y a discreción de cientos de millones de euros, en un escándalo que ha salpicado a la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas desde hace más de 30 años.
Griñán dimitió de su cargo de presidente andaluz a finales de agosto y admitió que el escándalo de los ERE, del que se desvinculó, ha perjudicado al gobierno regional y había influido en su decisión de abandonar el cargo solo año y medio después del inicio de la legislatura.
El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, pidió el martes explicaciones y dijo que se habían derrumbado los pilares de la Junta.
"(Es un) hecho gravísimo del que no hay precedentes en la política española con tantos y tan cualificados imputados en un fraude de casi 1.500 millones de euros", declaró en una comparecencia en Sevilla.
