MADRID/BARCELONA (Reuters) – Decenas de miles de personas arroparon al expresidente catalán Artur Mas, que se atribuyó la responsabilidad de una consulta independentista en 2014 por la que es juzgado desde el lunes en Barcelona y que podría suponer el fin de su carrera política.
El que fuera presidente de la Generalitat de 2010 a 2016, acusado de desobediencia grave y prevaricación por permitir un referéndum que había sido prohibido por la Justicia española, intentó proteger a dos de sus exconsejeras, también acusadas.
"La iniciativa política del 9 de noviembre (de 2014) fue mía, ya que yo era el presidente de la Generalitat, todo los miembros del gobierno siguieron mis directrices", dijo Mas en catalán desde el banquillo de los acusados.
En una exhibición de fuerza del independentismo, Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau llegaron a pie al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acompañados de una multitud de 40.000 personas, según la policía local, entre las que se contaban las máximas autoridades catalanas.
"Hoy muchos nos sentimos juzgados", dijo el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, en una declaración antes del juicio en el Palau de la Justicia, rodeado de banderas catalanas, pancartas y cánticos en favor de la independencia.
El juicio llega en un momento de desafío de la Generalitat al Gobierno español con su insistencia a hacer un nuevo referéndum, esta vez vinculante, sobre la independencia antes de septiembre de este año.
"Los responsables de haber judicializado las reivindicaciones políticas y de cometer todo tipo de abusos para perseguir ideas encontrarán (..) la respuesta de un pueblo que, pese a todas sus diferencias, matices y diversidades, vela por su dignidad", añadió Puigdemont.
ANTE UN POSIBLE FIN DE SU CARRERA POLÍTICA
El político nacionalista, que afronta una pena de diez años de inhabilitación para cargo público, argumentó que él no convocó a la ciudadanía, sino que permitió que se organizara en un proceso sin vinculación jurídica en el que votaron casi dos millones de los 5,5 millones de catalanes con derecho a voto.
Contestando únicamente a las preguntas de la defensa, Mas dijo que dejó que se colocaran las urnas porque dos tercios del Parlamento lo respaldaba y porque estaba determinado a saber si el clamor popular en las calles a favor de la independencia contaba con respaldo en las urnas.
"No fue un capricho individual, una salida de tono, una ocurrencia, fue la consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios y todo ello después de elecciones democráticas", dijo Mas.
La consulta, que se saldó con una mayoría a favor de la independencia, empeoró aún más la ya tensa relación entre las administraciones central y catalana tras años de auge soberanista en la región, donde la mayoría de la población quiere votar sobre su relación con España.
Ese deseo de independencia se ha ido erosionando en los últimos meses, en medio del desgaste ciudadano, y el último sondeo de la Generalitat dice que existe un empate técnico entre los partidarios de una secesión y los que están a favor de continuar en España.
Aunque ha reiterado en diversas ocasiones su oferta de diálogo, el Gobierno de Mariano Rajoy cierra tajantemente la puerta a una consulta que iría contra la Constitución española, que dice que España es indivisible.
"Podemos hablar, pero todo el mundo tiene que cumplir la ley", dijo Rajoy el viernes.
