MADRID (Reuters) – Sindicatos de profesores y organizaciones de padres y de estudiantes protestaron el jueves en una huelga general en la educación pública española que fue considerada injustificada por el Gobierno por coincidir con la negociación política para un pacto educativo nacional.
Tras encadenar más de una veintena de movilizaciones contra la política educativa del gobernante PP desde 2012, la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública convocó en enero un paro global- desde educación infantil hasta la universidad- para volver a exigir la derogación de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y el fin de los recortes.
Con numerosas manifestaciones a lo largo de todo el país, el Sindicato de Estudiantes y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) hablaron de éxito de una convocatoria que "paralizó la actividad académica".
Con datos preliminares el sindicato de Estudiantes cifró el seguimiento en el 65 por ciento del profesorado y el 85 por ciento de los alumnos.
Sin embargo, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, habló de repercusión "mínima" y calificó de "eslogan" la exigencia de derogar la polémica LOMCE, parcialmente en suspenso ante el rechazo unánime de la oposición.
"Si el Gobierno derogara la LOMCE, dejaría en la cuneta educativa a 8,1 millones de estudiantes y a 680.000 profesores, porque no tendrían legislación que les amparase", dijo en una entrevista en Cadena Ser.
"Esta huelga no se justifica en absoluto (…) Hoy hay más docentes en España que en el año 2008 que es cuando comenzó la crisis", añadió.
El ministro dijo además que en los presupuestos para 2017, que el Gobierno está aún elaborando, las becas educativas alcanzarán un "récord histórico" y se incluirá "la oferta pública de empleo más importante en la historia de España" para reducir del 20 al 8 por ciento el número de profesores que trabajan como interinos.
¿PACTO EDUCATIVO?
Méndez de Vigo subrayó igualmente que el paro fue convocado hace tres meses, antes de que arrancasen a mediados de febrero los trabajos de una subcomisión parlamentaria para un difícil e imprescindible Pacto Estado Social y Político por una educación reformada y contrarreformada por sucesivos gobiernos.
Precisamente la existencia de esta subcomisión, encargada de redactar un documento que sirva al Gobierno para elaborar una futura ley, llevó a sindicatos de la enseñanza concertada a desmarcarse de las movilizaciones.
Sin embargo, la plataforma convocante argumenta que el funcionamiento de la subcomisión no garantiza un acuerdo que impida que la LOMCE siga su camino.
"Que no nos intenten acallar con el discurso falso de que buscan un pacto en la educación y que conviene no hacer nada para que se pueda conseguir", dijo CEAPA en un manifiesto sobre la huelga.
