Entrevistamos a uno de los nombres propios del sector de la discapacidad, Fernando Pindado, miembro del equipo jurídico del Consejo General de la ONCE. Con su trabajoHacia una catalogación de los derechos fundamentales ha tenido un espaldarazo a su carrera profesional, al recibir el V premio CERMI Derechos Humanos y Discapacidad. “Propongo varias mejoras para todas las que no es necesario ninguna reforma legislativa”, afirma Fernando Pindado, en un diálogo donde se evidencia que, optimizando los recursos que nos brinda el sistema normativo español, podría llegarse a un mejor reconocimiento de todas las realidades personales de nuestra sociedad.
¿Qué supone para usted haber recibido el V premio CERMI Derechos Humanos y Discapacidad?
Lo recibí por mi trabajo titulado Hacia una catalogación de los derechos fundamentales, argumento que, como tal, es inédito en el ámbito jurídico. En él aporto mi óptica sobre la situación social de las personas con discapacidad y propongo opciones, soluciones y alternativas. Aspiro a que el esfuerzo del sector obtenga como recompensa un mundo más justo, que genere frutos. Ha sido un gran honor, teniendo en cuenta las personas que me han precedido en el Premio y la identidad de los miembros del Jurado, quienes son grandes especialistas en la materia que he tratado en la investigación.
¿Nos podría decir alguna de las soluciones que podrían aplicarse sin hacer grandes reformas legislativas?
En la tesis propongo varias mejoras para todas las que no es necesario ninguna reforma legislativa. Yo he partido de una premisa: con las fuentes de las que disponemos, se podrían mejorar los derechos de las personas con discapacidad. Destaco la relativa a la institución del Defensor del Pueblo, o la ratificación plena de algunos tratados internacionales. A mi juicio, no hace falta una reforma de la Constitución para obtener resultados; en todo caso, un cambio de estrategia política y social, con el objetivo de que se consolide el modelo social de atención a las personas con discapacidad, eliminando las barreras que la propia sociedad les genera para el disfrute de sus derechos.
En 2013, la ONCE fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. ¿Se trata entonces de que se ha abierto un camino de reconocimientos?
No es que hayamos iniciado ningún camino, pero lo cierto es que trabajar en una institución como la ONCE, como es mi caso, acerca a la difícil realidad que viven las personas con discapacidad en su día a día.
Como miembro del equipo jurídico del Consejo General de la ONCE, ¿cuáles son los asuntos que despacha a diario?
Mi intervención es un asesoramiento corporativo, como la mayoría de los abogados de empresa internos. Apoyo en lo jurídico a la figura del Secretario General de la ONCE, quien tiene asignado estatutariamente el control de legalidad de la Organización. Asesoro a los órganos y cargos internos del órgano de gobierno. Las áreas de actividad son muy variadas, dado que me ocupo del régimen laboral, quejas y recursos internos presentados ante el Consejo General de la ONCE, discriminación, gestión de fundaciones y otras entidades dependientes.
¿Qué tipo de inconvenientes a la integración se pueden superar con un departamento jurídico de la ONCE que trabaje fuerte?
Nosotros llevamos a cabo una labor de asesoramiento en relación con las materias que le he indicado anteriormente. Valoramos las situaciones de hecho en las que se encuentran estas personas y emitimos nuestro juicio técnico, que elevamos a los órganos internos competentes.
Se les facilita un enfoque jurídico del problema, lo que, en sí, creo que es un buen punto de partida para analizar las situaciones de hecho de una posible discriminación y el arbitrio de soluciones eficaces de defensa.
¿Nuestro sistema jurídico ofrece soluciones reales a las personas con discapacidad?
Sí y no. Sí en lo teórico o formal; no, en lo práctico. Tenemos un ordenamiento jurídico muy avanzado, pero que no se ve refrendado en su aplicación práctica. Tratándose de situaciones relacionadas con los derechos fundamentales, no hay una conciencia política y social de la gravedad del problema y de la dificultad con que las personas con discapacidad deben luchar cada día. Estoy pensando en la accesibilidad, la política abstencionista de los poderes públicos y la casi nula implantación en el sector privado. Como se ve, queda mucho por hacer.
¿Qué problemas quedan por resolver para la completa integración de las personas con discapacidad en la vida laboral?
Hay un problema relacionado con la conciencia social, pues vemos a las personas con discapacidad desde la discapacidad, sus limitaciones. A mi juicio, el enfoque es equivocado: se debe variar el foco destacando sus múltiples capacidades, muy superiores en algunos casos a las que ofrecemos las personas sin discapacidad; por otro lado, la riqueza social que ofrece la inclusión social de las personas con discapacidad a través del trabajo. Es difícil cuantificar el aporte que realizan estas personas para la vida democrática; ¿acaso podemos pensar que la democracia es posible sin una plena inclusión de todos los miembros de nuestra sociedad, según sus capacidades? Resulta imprescindible explotar esas capacidades, para lo cual se necesitan cambios en la conciencia social, pero también medidas de acción positiva para que estas personas alcancen la igualdad de oportunidades.
¿Qué mejoras podrían hacerse en la regulación del juego que facilitase la labor de la ONCE?
En determinados sectores, y este que indica es uno de ellos, hay demasiadas normas que no se respetan. Evidentemente, por mi conocimiento profesional del tema, podría decir que hace falta trabajar en la erradicación del juego ilegal, que compite de forma directa, desleal y abierta con los productos de la ONCE. Algunos entes no sólo no disponen de licencia alguna en una actividad regulada, sino que los productos que ofrecen resultan un fraude a los derechos sociales de las personas que los venden, aparte de a la Hacienda Pública y a los derechos de los consumidores. Detrás de muchas de estas asociaciones se esconden auténticas empresas que persiguen el lucro exclusivo de los miembros de sus Juntas Directivas. Yo de lo que hablo en mi investigación es del derecho fundamental a la inclusión social a través del empleo, no a la conmiseración social que estas entidades ilegales promueven.
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