“En cuanto a la instrucción, a nadie se le ocurre acortar las listas de espera en los hospitales obligando a los médicos a operar más rápido”

 ¿Qué supone este nombramiento en su trayectoria profesional?

Profesionalmente, alcanzar un puesto que, imagino que como le pasará a todos, ni hubiera soñado hace casi 28 años, cuando ingresé en la Carrera Judicial. Ahora, sin duda, supone el mayor honor y responsabilidad que me podría corresponder en el Tribunal Superior de una Comunidad en la que he desempeñado íntegramente mi carrera.

¿Cómo cambia su visión de la Justicia respecto a la que adquirió en su responsabilidad anterior como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN?

La perspectiva es distinta, mucho más amplia. Ya no solo se perciben los problemas o vicisitudes de una jurisdicción, la tuya, sin perjuicio de la intervención que tenía en la Sala de Gobierno como miembro nato al ser presidente de una Sala. Ahora la visión tiene que ser necesariamente global, lo que conlleva menos actividad de tipo jurisdiccional y, por el contrario, un aumento considerable de la de tipo gubernativo, además de un contacto mucho más frecuente con compañeros y resto de operadores jurídicos.

En su acto de toma de posesión de presidente del Alto Tribunal navarro dijo que "existen carencias, necesidades y disfunciones que habremos de abordar". ¿Cuáles considera más urgentes y cuáles ha podido abordar?

En este momento, lo más importante es paliar el retraso que se ha originado en los juzgados de lo Social y en el de lo Mercantil como consecuencia de la crisis económica. Son objeto de una especial atención, con sus correspondientes refuerzos; dos juezas en el primero de los casos y una magistrada en el segundo, sin perder de vista otros órganos, como los juzgados de Familia y algún otro, como podrían ser los juzgados de Aoiz y Estella, con una saturación que debe ser resuelta. Es imprescindible contar con medios personales y materiales adecuados para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

En la jurisdicción de la que usted procede, lo Contencioso Administrativo, ¿qué medida de agilización considera que se podría abordar?

La jurisdicción Contencioso Administrativa no precisa, al menos en Navarra, de la adopción de unas medidas específicas, presentando en estos momentos un estado bastante aceptable, dicho sea en términos comparativos con otras jurisdicciones en Navarra, o esta misma en el ámbito de otros Tribunales Superiores de Justicia, sin perjuicio de que todo, evidentemente, es mejorable. En su momento fue una jurisdicción saturada, pero determinadas novedades legales, como las tasas judiciales, el criterio del vencimiento en la imposición de costas, o la obligatoriedad para los funcionarios de comparecer asistidos de letrado, hicieron que la entrada de asuntos disminuyera de forma notable. Por otro lado, la crisis económica ha incidido en general en esta jurisdicción de forma llamativa, sobre todo en algunas materias, como el urbanismo, las expropiaciones forzosas, o la contratación administrativa, registrando un descenso notable. Con la previsible y deseada recuperación económica, es fácil imaginar un repunte en el ingreso de asuntos en lo Contencioso Administrativo.

Vemos en su currículum que también tiene usted una faceta docente como autor en Thomson Reuters Aranzadi. ¿En qué medida complementa la visión del Derecho de un magistrado estas actividades de tono académico?

En mi opinión la complementa en gran medida y de forma muy positiva. Tanto una faceta como la otra obligan al juez a estar permanentemente actualizado, suponiendo una autoexigencia de formación muy valiosa. Además, el contacto académico con alumnos de distintas disciplinas jurídicas es enriquecedor para un juez.

Usted ha participado como director y ponente en numerosas actividades formativas tanto organizadas por el CGPJ como por otros organismos nacionales e internacionales. Tras estas experiencias, ¿podría decirnos cuáles son los puntos fuertes y débiles de la judicatura española?

Considero que la judicatura española está bien preparada, cada vez mejor, y además tiene un alto grado de honradez y honestidad, así como de profesionalidad y espíritu de sacrificio, pero se ve importantemente lastrada, y estos son los puntos débiles, por la escasez de efectivos y recursos económicos necesarios para un desempeño efectivo y digno de nuestra función, que en ocasiones produce un desánimo que me preocupa, porque es más frecuente en jueces jóvenes.

Parece que la idea que está queriendo transmitir el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, es de cambio acompasado con las necesidades de los profesionales que trabajan en o con la Justicia (tasas, proceso, Registro Civil, etc.). ¿Hay tiempo y posibilidad de hacer todas las adaptaciones que se piden, o al menos todas en las que parece que el ministro tiende la mano?

En esta legislatura va a ser francamente difícil culminar todos los proyectos existentes, pero algunos sí se llevarán a cabo. Es evidente que algunos son más sencillos de materializar que otros (social, económica y políticamente hablando). El propio ministro, en la reunión de presidentes de TSJ celebrada en octubre pasado en La Coruña nos dio algunas pistas, como la modificación, no supresión, de las tasas, o el Registro Civil. Al menos, esa era su intención.

Respecto al Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incide, como sabe, en la intervención de las comunicaciones, ¿qué opinión le merecen las novedades relativas a la no necesidad de autorización judicial en todo caso?

El Anteproyecto recoge la posibilidad, en determinados supuestos, graves y urgentes, de intervenir comunicaciones sin autorización judicial, pero hay que ponerlo en conocimiento del juez competente en el plazo máximo de 24 horas, quien podrá dejarlo sin efecto. Estamos ante una cuestión en la que se pueden ver afectados derechos fundamentales. Entiendo que lo principal es que no se produzca al amparo de esa norma un uso abusivo o fraudulento de ella que, por otra parte, podría incluso ser constitutivo de delito. Es una cuestión que originará polémica, y no descarto que el Tribunal Constitucional deba pronunciarse sobre ella.

La reforma también se ocupa de los plazos de instrucción, que será con carácter general de seis meses, excepto para casos complejos. ¿Es este tiempo suficiente?

Como regla general, es un tiempo insuficiente, y volvemos a lo mismo, teniendo en cuenta los medios personales y materiales con los que contamos. Un aumento de unos y otros sería la solución. Los plazos se acortarían solos, sin necesidad de artificios y prisas que, bien es sabido, nunca son buenas consejeras. Por ejemplo, a nadie se le ocurre acortar las listas de espera en los hospitales obligando a los médicos a operar más rápido o a prescindir de determinadas pruebas o tratamientos.

¿Por qué tiene la oposición de la judicatura la figura del fiscal investigador en el proceso penal?

Fundamentalmente porque la instrucción, tal y como está diseñada desde el siglo XIX, ha venido funcionando razonablemente bien en España. Se habla de cambiar algo que funciona. Por el contrario, nadie indica las ventajas que ello pudiera tener y que justifiquen el cambio. Siempre se esgrime como justificación que en Estados Unidos o en otros países europeos instruye el fiscal. ¿Y qué? Hay que copiar lo bueno para cada uno, lo que nos es útil, no lo que tengan otros por ese solo hecho. En el sistema penal de los Estados Unidos tienen silla eléctrica, inyección letal o Guantánamo, por citar algún ejemplo, y a nadie, o a una minoría, se le ocurre aquí decir que haya que copiar algo de eso.

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