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JAVIER SAN MARTÍN, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA

“En nuestros despachos se evitan muchísimos más pleitos de los que se celebran a lo largo del año en la jurisdicción Social”

29 de Abril de 2016

El presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Javier San Martín, tiene muy claro dónde está institucionalmente la profesión a la que representa y por la que lucha. También conoce lo que hace falta para seguir avanzando en las aportaciones que se realizan a la mejora de la Justicia. En un momento en que hay cambio en la presidencia de la profesión hermana, la Abogacía, y mientras se normalizan las notificaciones telemáticas en las que los graduados sociales fueron pioneros, la entrevista a Javier San Martín nos ayuda a reflexionar acerca de estos temas y otros como la relevancia de los colegios y la necesidad de una normativa laboral estable.

  • La unión de los Colegios provinciales, sin duda, es lo que más orgullo me genera
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La pasada legislatura hubo numerosas novedades normativas que afectaron directamente al Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. ¿Cuál de los textos considera que ha mejorado en mayor medida la práctica de los graduados sociales?

Sin duda, el Real Decreto 3/2012, de 12 de febrero de 2012, por el cual se reformó el Estatuto de los Trabajadores (lo que se conoce como "la reforma laboral"). Este Real Decreto, que posteriormente se convalidó con Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral ha sido la norma que ha permitido a los graduados sociales desarrollar con plena eficacia su conocimiento en las relaciones laborales españolas, asesorando a trabajadores y empresas en un momento crítico de la crisis económica. Esta norma, que a mi juicio se hizo tarde, fue el instrumento jurídico necesario para transitar por la crisis económica con una cierta dignidad en materia laboral. Facilitó infinidad de despidos, es verdad, con la que estaba cayendo, no podía ser de otra forma. Ahora, los nuevos políticos pretenden enmendar la reforma, e incluso derogarla. A mí me parece una barbaridad la derogación, creo que si se hace supondría un retroceso. Valoro positivamente la estabilidad de la normativa.

Están poniéndose en funcionamiento instrumentos tecnológicos para los profesionales del derecho, como LexNet, que facilitan en gran medida el plano procesal del día a día ¿Cómo se están preparando los  graduados sociales ante estos retos?

La revolución en las comunicaciones telemáticas que estamos viviendo no coge por sorpresa a los graduados sociales, porque nosotros somos la única profesión que ya en 1998 contribuyó a modernizar las comunicaciones de la Seguridad Social. Precisamente por ello, cuando ha comenzado LexNet y el Ministerio de Justicia nos ha pedido colaboración en ello, hemos permanecido desde el minuto uno a su lado, porque estamos muy preparados. La reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que refuerza la posición de la Sala IV del TS frente a la Sala II, en lo que respecta al uso de los medios telemáticos en la empresa, es sin duda una herramienta de trabajo.  Con aspectos como estos, los graduados sociales, cada día más, vamos reforzando nuestra posición procesal.

¿Cómo valora la mediación laboral? ¿Qué papel tienen los graduados sociales en la mediación?

Sin duda uno muy importante. Quizá ni el Gobierno, ni el poder legislativo, ni el judicial; ni empresarios ni trabajadores, han reparado que el papel de los graduados sociales en las relaciones laborales es imprescindible. En nuestros despachos se evitan muchísimos más pleitos de los que se celebran a lo largo del año en la jurisdicción Social. Nuestro conocimiento profundo del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, unido a que nuestra profesión tiene la doble vertiente de la gestión y el proceso, nos lleva a concluir que el primer filtro de mediación y de conciliación se produce en nuestros despachos.

¿Hay relaciones institucionales entre los abogados y los graduados sociales? ¿Qué pasos se han dado últimamente en este sentido, o qué pasos desearía que se diesen?

Las relaciones institucionales entre abogados y graduados sociales no han existido durante los últimos doce años. Sentimos que el Consejo General de la Abogacía Española no ha tenido como prioridad compartir con nosotros los avances en el entorno procesal. La representación técnica, la incorporación de pleno derecho en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la firma del recurso de suplicación, y la incorporación de los graduados sociales a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, no han logrado acercar las relaciones institucionales. Considero que es mejor ir juntos que cada uno por su lado, así que veo como una oportunidad la incorporación de la nueva presidenta del CGAE. Apuesto por mejoras en las comunicación de ambas profesiones, que darán a la Justicia el impulso que necesita.

¿De qué conquista para la profesión se siente más orgulloso?

Cuando yo me incorporé al Consejo General en el año 2002, había una auténtica quiebra de las relaciones entre los Colegios en toda España. La unión de los Colegios provinciales, sin duda, es lo que más orgullo me genera. Como conquista de la profesión, estoy especialmente satisfecho de cómo se afianzan el Grado Universitario de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la universidad española.

¿Qué le falta a la profesión de graduado social para tener más visibilidad en el entorno jurídico?

Sin duda, lo que a la profesión le falta es aumentar el número de colegiados. Si tuviéramos a muchos de los que en la actualidad ejercen la profesión en la gestión, no en el proceso, las cosas cambiarían. La profesión necesita más colegiados, no más reconocimiento. Creo yo que el reconocimiento que tenemos ya es bastante.

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