“La Fiscalía trabaja mucho y en muchos frentes y todo ello se destaca en el documento” “Hay vías paralelas o alternativas al castigo o a la cárcel para solucionar problemas penales”
Dialogar con Salvador Viada Bardají, fiscal del Tribunal Supremo, es conocer el proceso por dentro y por fuera. Humano, inquieto y sabio, con él repasamos la actualidad de la Fiscalía, que pasa en estos momentos por la Memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2015, que se le entregó al rey Felipe VI la víspera de la Solemne Apertura del Año Judicial en el Supremo, el pasado 6 de septiembre.
¿Cómo se ve la Justicia penal desde el Tribunal Supremo?
Es totalmente diferente del trabajo que se realizan en las demás fiscalías. La casación exige una especialización, una manera de entender la aplicación de la ley y del derecho en la que hay una serie de reglas, de limitaciones técnicas que no existen en la primera instancia. Cuesta adaptarse porque hay que entender que los límites del debate en casación aparecen condicionados por la ley y por los propios recursos. Hay aspectos que personalmente creo que son mejorables. El TS tiene la jurisdicción para investigación y enjuiciamiento de determinados aforados. Estando como estoy en contra del sistema de aforamientos, creo que de mantenerse ha de hacerse de manera mucho más abierta de lo que se permite hoy, con una investigación plena como sucede para los no aforados. Deben limitarse las ventajas procesales, creo que la Fiscalía del TS debe ser mucho más activa y debe conseguirse que el aforamiento no se perciba -como ocurre hoy día en algunos casos- como una ventaja objetiva para quien lo disfruta. La ley es igual para todos y así debe percibirse.
¿Qué destacaría de la Memoria de la Fiscalía General del Estado?
Es imposible destacar un solo aspecto o unos pocos de un trabajo completo como el que ha supuesto la Memoria de este año. La Fiscalía -como se evidencia en la Memoria- trabaja mucho y en muchos frentes y todo ello se destaca en el documento. Los problemas de la Fiscalía son en mi opinión de naturaleza estructural, como el nombramiento del Fiscal General por el Gobierno y sin consenso alguno, el régimen electoral del Consejo Fiscal que imposibilita de facto otra formación que la compuesta por representantes de dos asociaciones de fiscales, la falta de transparencia en la actuación general de la Institución (no se conocen criterios de nombramientos, la información que viene del Consejo Fiscal es muy limitada, no funciona una comisión de valoración de méritos profesionales, no se conocen las relaciones que mantiene el FGE con el Gobierno, no se conoce la misma agenda del Fiscal General, entre otros aspectos), o la ausencia de un Código ético para la Fiscalía que destacara conductas que no deben realizarse mientras se es fiscal y especialmente mientras se forma parte de la jerarquía de la Fiscalía, son causa de problemas de funcionamiento, de aparición de desconfianza sobre la apoliticidad de la institución pero que no impiden -como se ve por la Memoria- la realización del ingente trabajo que se desempeña aquí, más de tres millones de asuntos despachados el año pasado.
La Memoria señala que la investigación esté a cargo del órgano judicial como una de las causas de dilación del procedimiento judicial. ¿Cómo se optimizarían los tiempos si se atribuyese la fase instructora al Ministerio fiscal?
Esta es la vieja cuestión de nuestro modelo procesal decimonónico y residual en Europa. En términos de eficacia en la investigación, la Fiscalía podría ser imbatible porque tiene una flexibilidad en su organización que no tiene la judicatura, además de estar controlado su trabajo por el Juez de garantías. Tenemos el lastre y la carga ominosa de nuestra vinculación con el Ejecutivo por la vía del nombramiento del Fiscal General, que recae casi indefectiblemente en juristas de confianza. Hay que idear la manera -sobre la base de amplios consensos en el nombramiento del Fiscal General, de transparencia y de establecimiento de garantías profesionales a los fiscales, quizá con un nuevo Estatuto y Reglamento- para garantizar la imparcialidad del Fiscal respecto del Gobierno al que no tenga que deberle directamente el cargo. Cuando consigamos eso, gran parte del trabajo para mejorar el proceso se habrá conseguido.
La Memoria también habla de ‘rigideces', en general, del proceso. Desde su experiencia, ¿cuáles son las más dañinas?
En el procedimiento actual la investigación del juez es contradictoria, con las partes presentes y capacidad de recurrir. Así ha de ser porque de manera -a mi juicio errónea-, la prueba penal puede extraerse en contra del reo de diligencias en la investigación; y las defensas han de estar presentes. Ello ocasiona insufribles retrasos que, además, no son responsabilidad de nadie, es el sistema que no funciona.
El proceso penal ha de concebirse con otras bases: investigación de la acusación sin contradicción y bajo la vigilancia del juez de garantías; plazo para investigar y prohibición de filtraciones; invalidez de las diligencias de prueba obtenidas en la investigación salvo su práctica plena en el Juicio Oral, con independencia de casos excepcionales y siempre con licencia judicial; escrutinio de la investigación por la defensa cuando la investigación termina bajo la tutela del juez; garantías de la defensa para preparar su caso bajo el amparo del juez de garantías; y juicio oral donde se ha de practicar toda la prueba. No es algo que se invente ahora, funciona en medio mundo y en los Tribunales penales internacionales.
Entre las propuestas legislativas de la Memoria, destaca la de regular la mediación penal. ¿Qué opina de este medio de resolución de conflictos para lo penal?
Yo soy de los que cree que hay vías paralelas o alternativas al castigo o a la cárcel para solucionar problemas penales. Tenemos un derecho penal para el delincuente común muy duro y la población reclusa es muy elevada con unos costes muy importantes. Creo que trabajando en ese terreno en ciertos delitos se puede conseguir dar satisfacción a la víctima y proponer una solución para el responsable que sea mucho más eficaz en términos preventivos que el sistema de castigo puro y duro. Hay que trabajar en ello y copiar si es menester lo que funciona en otros sitios.
¿Qué propuestas de reformas echa en falta?
Las reformas que más me gustaría ver a mi sería un cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ con la finalidad de atender a su despolitización como nos exigen en Europa (con un sistema de elección por los jueces del estilo de un juez vota a un vocal) y frente a lo que afirma el Presidente del Tribunal Supremo, y por otra parte un sistema de elección del FGE sometida a la aprobación muy amplia del Parlamento, que tendría como contrapartida la responsabilidad de éste frente al propio Parlamento. Si hacen esas reformas, luego le digo más.
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