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MANUEL ALMENAR BELENGUER, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA, MAGISTRADO DE LA AP DE PONTEVEDRA

“La Abogacía es un elemento esencial para hacer realidad el Estado de Derecho”

7 de Diciembre de 2016

Activo, innovador, defensor del asociacionismo judicial, gran conocedor de la Administración de Justicia son algunas de las características personales que describen a Manuel Almenar, Magistrado de la Sección 1ª Audiencia Provincial de Pontevedra y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Al inicio de la nueva legislatura, y pesar de que, como afirma, “la Justicia ha sido tradicionalmente la gran olvidada por los Gobiernos de uno u otro signo”, Almenar comparte con Actualidad Jurídica Aranzadi su visión para lograr un servicio público más ágil, eficaz y de mayor calidad, consciente de que los mayores problemas son “su funcionamiento deficiente y una apariencia de politización”.

  • “Los jueces, como cualquier ciudadano, están en el mundo y tienen sus ideas, pero no deciden según esas ideas sino con sujeción a la Ley”
  • “Hay que hacer entender que la Justicia está al servicio del ciudadano, pero también que, al mismo tiempo, es un mecanismo frágil”
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Comienza una nueva legislatura, con el mismo ministro de Justicia. Desde la perspectiva que da la presidencia de la Asociación Profesional de la Magistratura, ¿se prevé algún cambio de rumbo?

La Justicia ha sido tradicionalmente la gran olvidada por los Gobiernos de uno u otro signo, a pesar de constituye un pilar esencial de nuestro Estado de Derecho y la última garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Tengo la esperanza de que esta legislatura suponga un punto de inflexión. Conocemos cuáles son los dos grandes problemas de nuestra Justicia: un funcionamiento deficiente y una apariencia de politización, cuya combinación provoca un tercero más grave a medio plazo: la pérdida de credibilidad del sistema y de confianza de la sociedad en las instituciones. También conocemos las causas de estos problemas: por una parte, una litigiosidad excesiva, una planta judicial insuficiente y mal distribuida, una organización anticuada y ajena a criterios de eficiencia, una distribución competencial irracional, escasa implantación de las nuevas tecnologías...; por otra parte, la judicialización de la política, la confusión entre responsabilidad política y judicial, el uso abusivo del proceso penal con finalidades espurias, el sistema de elección del CGPJ, la defectuosa regulación de las denominadas "puertas giratorias"...

Y, finalmente,  las soluciones que permitan un servicio público más ágil, eficaz y de mayor calidad: incrementar las inversiones para elevar la ratio de jueces y modernizar la organización, evitar el uso abusivo del servicio público, agilizar los procedimientos, reformar el proceso penal, implantar los tribunales de instancia, redefinir el régimen de competencias, potenciar la separación de poderes mediante la elección directa por los jueces de los vocales del CGPJ, reducir los indultos y aforamientos, regular las puertas giratorias...

Lo que sucede es que estas soluciones, como todo lo que de verdad importa, sólo puede lograrse si asumimos que la Justicia es una prioridad que debe construirse entre todos, a través de un Pacto que sitúe la Justicia por encima de los vaivenes políticos. Pienso que el ministro, que ya ha demostrado su capacidad de diálogo y talante negociador, puede ser la persona adecuada para conseguir que este proyecto se haga, por fin, realidad.

¿Qué cree que es urgente hacer entender a la ciudadanía al respecto de la Administración de Justicia?

Hay que hacer entender que la Justicia está al servicio del ciudadano, pero también que, al mismo tiempo, es un mecanismo frágil. Solo puede funcionar adecuadamente si de verdad creemos en ella y en su capacidad para resolver los conflictos de forma independiente. Quizá deberíamos hacernos la pregunta al revés: la Administración de Justicia debería entender que no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos; y eso no siempre ocurre.

¿Cómo se ve a la Abogacía desde la Magistratura?

La Abogacía es un elemento esencial para hacer realidad el Estado democrático de Derecho y garantizar el respeto al sistema de derechos fundamentales y libertades públicas que nos hemos dado, en la medida que posibilita el acceso a la Justicia y la defensa y protección de los derechos e intereses de los ciudadanos. Su función va más allá de la mera prestación de un servicio público y se ha convertido en presupuesto y, al propio tiempo, garante, de la libertad y la justicia.

Para un juez, ¿qué características reúne el mejor abogado litigante?

Basta una cita de Piero Calamandrei: "Óptimo es el abogado de quien el juez, terminada la discusión, no recuerda ni los gestos, ni la cara, ni el nombre; pero recuerda exactamente los argumentos que, salidos de aquella toga sin nombre, harán triunfar la causa del cliente".

¿Cómo se concilia la imparcialidad de la Justicia con la presencia de asociaciones públicamente orientadas hacia el progresismo o el conservadurismo?

Los jueces, como cualquier ciudadano, están en el mundo y tienen sus ideas; pero no deciden según esas ideas sino con sujeción a la Ley. Las asociaciones son los mecanismos que prevé la Constitución para que los jueces puedan articular sus inquietudes y propuestas para la mejora de la Justicia y de sus condiciones profesionales. Cuestión distinta es que en algunos sectores exista interés en etiquetar políticamente a los jueces por ser de una u otra asociación, con la lógica alarma del ciudadano.

¿Ha entrado de verdad la tecnología en la Administración de Justicia? ¿Es el remedio de los males que la aquejan?

Es uno de los remedios. La Justicia no puede vivir de espaldas al progreso; ha de incorporar tanto el cambio de mentalidad como los avances que suponen las nuevas tecnologías en beneficio del ciudadano. El obstáculo radica en la diversidad de Administraciones con competencias y la falta de la necesaria coordinación. Hoy conviven (mal) 9 sistemas informáticos en nuestro país. Pero, ojo, la tecnología no es la panacea.

Usted ha sido Vocal del CGPJ, y ahora es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Con la indiscutible visión de conjunto que posee de la Justicia, ¿puede decirnos qué es lo que mejor funciona?

Nuestros jueces se encuentran entre los más preparados de Europa y gracias a su esfuerzo, con la  imprescindible colaboración de abogados y demás colaboradores, han conseguido suplir las carencias del sistema, hacer frente a la sobrecarga de trabajo y amparar a los más débiles frente a los abusos cometidos en la época de la burbuja inmobiliaria y financiera. Entre 1999 y 2012, la carga de trabajo se incrementó en casi un 50%, mientras la planta judicial lo hacía en un 25%; a pesar de ello, los tiempos de repuesta se redujeron en más de un tercio...  

Tras varios intentos, parece que reformar el proceso en profundidad es una tarea que se le resiste a todos los Gobiernos que lo intentan. En su opinión, ¿cuál es el motivo de fondo de esta resistencia?

La falta de una voluntad política real. Quizá no tenga réditos y por eso no interesa. En el año 2000 se aprobó una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que dio un giro copernicano al proceso civil y ha resultado un éxito; simplificó la tramitación, impuso la oralidad y la concentración... ¿por qué no se puede hacer lo mismo en él orden penal o, incluso, contencioso-administrativo?

Atribuir la fase instructora a los fiscales o promover la mediación penal son propuestas que se van repitiendo. ¿Qué valoración le merecen?

Sin cuestionar la valía y profesionalidad del Ministerio Fiscal, no soy partidario de cambiar lo que funciona. Nuestro modelo de Juez instructor ha permitido investigar y juzgar sin distinción, garantizando que todos somos iguales ante la Ley. El problema de la Justicia penal en España no radica en que la instrucción se atribuya al Juez o al Fiscal, sino en un sistema procesal obsoleto y parcheado: elabórese un Código Procesal Penal moderno, que sustituya al de la Ley de 1882 y que es lo realmente urgente. En cuanto a la mediación, es una fórmula idónea para los delitos leves, cuya judicialización no suele contribuir a resolver el problema de fondo.     

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