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José María Cid, Decano del Colegio de Abogados de La Rioja

“La Administración de Justicia se encuentra necesitada desde hace años de cambios profundos”

1 de Marzo de 2013

El Decano del Colegio de Abogados de La Rioja, José María Cid, ha querido compartir parte de su tiempo con Legal Today en una entrevista en la que nos desgrana las líneas maestras de su papel al frente de la abogacía riojana. Además, el cabeza visible de más de medio millar de abogados de su comunidad autónoma cuenta sus retos y analiza el momento que atraviesa el Derecho en nuestro país.

Legal Today


Representa a un colectivo compuesto por 650 abogados en ejercicio. ¿Cuáles va a ser sus líneas de trabajo durante estos años que tiene por delante para desempeñar el cargo?

El Estatuto de la Abogacía establece, entre otras, como funciones de los Colegios de Abogados, el ser garantes del cumplimiento de las  normas deontológicas en el ejercicio de la profesión, lo que supone recibir y tramitar las quejas que los ciudadanos puedan formular respecto de las actuaciones profesionales de los Letrados. Debo señalar que el número de quejas que se reciben, en proporción con los Letrados en ejercicio en nuestra Comunidad Autónoma es, afortunadamente, muy bajo, lo que es un síntoma del buen hacer general en el ejercicio de la profesión.

El mencionado Estatuto también atribuye a los Colegios Profesionales el velar por el mantenimiento de la dignidad de la profesión, lo que nos permite, y entiendo que obliga, a intervenir ante aquellas instancias (Órganos Judiciales, Administraciones Públicas, u otros) cuya actuación vaya en contra de la dignidad de la profesión o de los intereses relacionados con ella.

En este sentido, el Colegio al que represento, al igual que los restantes, con el Consejo General de la Abogacía Española a la cabeza, nos hemos mostrado muy beligerantes en las últimas semanas con las tasas establecidas por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Administración de Justicia, pues entendemos que supone una barrera de acceso del ciudadano de clase media (pues los beneficiarios de justicia gratuita están exentos de su abono, y las clases más acomodadas obviamente no se ven afectadas en la misma medida) y una medida claramente perjudicial para el colectivo de la abogacía, pues al descenso general de la actividad como consecuencia de la crisis económica habrá que sumar el descenso provocado por unas tasas claramente disuasorias del acceso a los tribunales. La decepcionante rectificación publicada en el BOE el día 23 de febrero, no contribuye a eliminar esa incertidumbre.

Por otra parte, una concepción moderna de los Colegios Profesionales requiere y exige que dichas corporaciones aprovechen al máximo sus recursos en beneficio de los colegiados, que son por otra parte quienes mantienen con el pago de sus cuotas a las instituciones de las que forman parte. Por ello ha de mantenerse y potenciarse, dentro de nuestras modestas posibilidades, el ofrecer el máximo número de servicios a los colegiados: cursos de formación, bases de datos, servicio de biblioteca... etc

En la jornada de su elección hubo más participación de la habitual. ¿Qué propuso a los electores para que acudieran en mayor número que en otras ocasiones?

Entiendo que la alta participación habida en el último proceso electoral, siempre deseable en la vida democrática de las instituciones, se debe a un cúmulo de factores, y no exclusivamente a las propuestas que una determinada candidatura pueda hacer en su programa electoral.

Señalado lo anterior, se refieren a continuación las propuestas ofrecidas por la candidatura de la que formé parte:

  • Acreditar al Colegio como institución mediadora, a los efectos de lo establecido en la Ley de Mediación, con el fin de mantener nuestro protagonismo en otras formas alternativas de resolución de conflictos entre particulares.
  • Impulsar la utilización de las nuevas tecnologías, mejorando la página web del Colegio, incidiendo especialmente en la creación de verdaderos foros sobre cuestiones jurídicas, que se plantean cotidianamente en nuestra práctica profesional, con el fin de servir de ayuda a cualquier colegiado, y continuando con la permanente mejora del programa de gestión colegial.
  • Conseguir que el trato de los Abogados en los Juzgados, sea acorde a la dignidad de la profesión, y a la consideración de la misma como un servicio público a favor de los ciudadanos y especialmente los más desfavorecidos. De igual manera, procuraremos seguir mostrando nuestro rechazo a aquellas medidas legislativas que consideremos que supongan un ataque tanto a nuestro libre ejercicio, como a los derechos de nuestros clientes.
  • Reorganización de los turnos de oficio con nombramiento de un coordinador en los especiales.
  • Creación de un protocolo, para la realización de las juras de nuevos colegiados, estableciendo unas charlas previas de orientación para los nuevos compañeros informando de los conceptos mínimos relativos a turnos, justicia gratuita, guardias, incluso con acompañamiento a compañeros que ya desempeñan dichos trabajos.
  • Modificación del estatuto del Colegio de Abogados de La Rioja, con el fin de actualizar los mismos  a la situación en la que se ejerce actualmente nuestra profesión.
  • Continuar con la labor de formación ampliando si cabe los cursos y jornadas que se realicen buscando la cooperación de otros operadores jurídicos e incluso patrocinios privados o públicos.
  • Congelación de las cuotas de incorporación y permanencia en el Colegio de Abogados.

¿Cuáles son los retos que se marca?

Cuando la candidatura de la que he formado parte, que actualmente se encuentra en el equipo de gobierno colegial, ofrecimos el programa electoral que he referido en la respuesta anterior, lo hicimos no como un gesto meramente protocolario, sino como una propuesta de intenciones a cumplir en el caso de resultar elegidos.

Por ello el principal reto que actualmente se persigue es el cumplimiento íntegro de dicho programa electoral, sin perjuicio de aspirar a dar respuesta con la mayor premura y acierto a los problemas los que se vea abocada nuestra profesión en los próximos cinco años.

¿Cómo valora la situación actual de la Justicia en general y de la abogacía en particular?

La Administración de Justicia se encuentra necesitada desde hace años de cambios profundos que no llegan a hacerse realidad.

En primer lugar un país moderno necesita de una justicia ágil, que dé respuesta en plazos razonables a las controversias que los ciudadanos le plantean. Ello requiere contar con los medios personales y materiales necesarios y con leyes procesales pensadas para el siglo XXI y no para el siglo XIX. Es cierto que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo en este ámbito, pero es necesario ser más ambiciosos en esta materia tan importante, ya que la Administración de Justicia, pese a su importancia capital desde cualquier perspectiva que se contemple (no hay que pensar más que en los miles de millones de euros que ahora mismo están siendo objeto de controversia en el conjunto de los Órganos Judiciales de nuestro país) siempre ha parecido el pariente pobre de las Administraciones.

Por otra parte, no puede pasarse por alto la situación de descontento generalizado entre todos los operadores jurídicos con las distintas iniciativas legislativas acometidas por el Ministerio de Justicia: Reforma de los registros, Reforma del Consejo General del Poder Judicial, tasas Judiciales, Ley de Servicios Profesionales, Justicia Gratuita, etc. Han conseguido poner a todos de acuerdo en la crítica de esas iniciativas.

En cuanto a la situación de la Abogacía en particular, cabe describirla cuando menos como muy preocupante. Si el descenso general de la actividad económica como consecuencia de la crisis económica ha afectado en general a la profesión (salvo quizá el ámbito laboral y concursal), a ello hay que añadir las nefastas consecuencias que en el ejercicio profesional va a tener la introducción de las tasas judiciales en el ámbito de la Administración de Justicia. Por otra parte, resulta preocupante que para el Ministerio de Justicia la causa de los problemas de la justicia, radique en el excesivo número de Abogados ejercientes  que existe en nuestro país lo que determina la existencia de un elevado número de procedimientos que entran en los Juzgados. Y también resulta preocupante el que el Ministerio de Economía a través de la Comisión nacional de la Competencia también tenga a la Abogacía, incluida la Institucional en su punto de mira.

¿El turno de oficio es el talón de Aquiles de hoy en día?

El turno de oficio debe verse como el máximo exponente de la implicación que la abogacía tiene como labor social a la hora de garantizar el derecho de defensa a los ciudadanos y especialmente de los más débiles. Es cierto que las actuaciones que los profesionales llevan a cabo dentro del turno de oficio son objeto de remuneración, pero no es menos cierto que en muchos casos ésta es más simbólica que real, que muchas actuaciones que se llevan a cabo no son objeto de cobro por quedar fuera de unos baremos desfasados que es imprescindible modificar y que no contemplan nuevas actuaciones en el seno de los procedimientos judiciales.

Por este motivo yo no definiría el turno de oficio como el talón de Aquiles de la profesión, sino como un destacado exponente de la proyección social del ejercicio de la abogacía.

Además debe tenerse en cuenta que con independencia de la actuación profesional, desarrollada por cada Abogado adscrito a los turnos de oficio y de asistencia jurídica gratuita, se encuentra la labor que desarrollan los Colegios de Abogados asumiendo la gestión de ambos.

¿Qué aplaude de su antecesor y qué cree que debería haber logrado?

Para dar respuesta a esta pregunta debe tomarse en consideración que los 14 meses anteriores a mi elección como Decano he ejercicio como Decano en funciones, al haber renunciado mi antecesora para dedicarse al ejercicio de la política.

Por este motivo no soy el más adecuado para responder sobre la labor desarrollada con carácter inmediatamente anterior a la celebración de las elecciones. No obstante sí que me gustaría reconocer de mi antecesora su visión de futuro respecto de la figura de la mediación, tan de moda en la actualidad, pero no tanto cuando ella intuyó la proyección que tendría en un futuro.

Cuando acabe su mandato, ¿qué pretende haber realizado?

Como he indicado en una respuesta anterior, mi máxima pretensión es haber realizado todas las actuaciones que estén en nuestra mano en defensa de los intereses y  la dignidad de la profesión.

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