"El reto al que nos enfrentamos pasa por incrementar sustancialmente la eficiencia en el funcionamiento del sector público". "Más que en la búsqueda de responsabilidades, la política económica debe centrarse en la recuperación de la confianza de los agentes".
Tras esta crisis económica pocas cosas volverán a ser lo que eran, y no estamos hablando sólo del mercado, sino del concepto que hoy tenemos de Estado de Bienestar. A un mes escaso del plazo que se ha dado el Gobierno para modificar quizá sustancialmente la pensiones hemos hablado de la política presupuestaria con alguien que tiene una perspectiva privilegiada ya que une el ser Abogado, Economista, Técnico en la Administración y haber tenido responsabilidades políticas a nivel técnico en la Administración local, autonómica y nacional. Cándido Pérez Serrano, actual Socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG en España ha compartido con Legal Today su visión sobre cuentas públicas y Derecho.
España lucha en estos momentos contra una situación de déficit. ¿Cómo ha de verlo un Abogado?
España debe ajustar sus finanzas públicas a los límites contemplados tanto en el Protocolo de Déficit Excesivo de la Unión Europea como en su propia normativa sobre estabilidad presupuestaria que, tras la modificación de 2006, se basa en el concepto de estabilidad presupuestaria ajustada al ciclo económico, permitiendo al conjunto de Administraciones Públicas españolas incurrir en déficit no superior al 1% del PIB y sin necesidad de elaborar Plan de Saneamiento, en los casos de crecimiento económico inferior al 2 % en términos reales.
Adicionalmente, como consecuencia del procedimiento sobre déficit excesivo abierto por la Unión Europea a España, ésta debe reducir su déficit hasta ajustarlo a un máximo del 3 % en 2013. Por tanto, con independencia de las dificultades para financiar el déficit a los que durante este año ha tenido que hacer frente el Estado español, España tiene la obligación jurídica de reducir su déficit público en los términos referidos.
El ciudadano de a pie se enfrenta con la sensación de que puede perder su puesto de trabajo, pero también con sucesivos anuncios de recortes en las prestaciones que ya nos habíamos acostumbrado a que nos diese, en silencio, el Estado. ¿Es esto "una injusticia"?
Lamentablemente, el desempleo en tasas cercanas al 20 % es un problema al que debe enfrentarse la economía española. La dualidad del mercado de trabajo parece estar en el origen del fuerte crecimiento del desempleo en los períodos en los que nuestra economía no crece a ritmos firmes, y la culminación de la reforma del mercado laboral deberá afrontarse buscando una mayor estabilidad del mercado de trabajo.
La simultaneidad de una alta tasa de paro con la adopción de medidas de reducción del déficit público que puedan suponer la disminución de prestaciones o ayudas para quienes se encuentran en peor situación económica puede ocasionar un fuerte impacto en la visión que los ciudadanos tienen de la equidad del Estado del Bienestar.
La definición de los instrumentos que conforman el Estado del Bienestar ha de contar con el adecuado sustento técnico en materia de evaluación de políticas públicas, de modo que los gestores públicos, que han de decidir el alcance e instrumentación de las políticas redistributivas cuenten con elementos de juicio suficientes para adoptar la decisión más adecuada. Por otra parte, este conjunto de decisiones tienen un importante componente político.
Para tener una visión de conjunto, además de la equidad, han de tenerse en cuenta los argumentos que mejoren la productividad, la eficiencia y la competitividad, combinados con la consecución y el mantenimiento de los equilibrios básicos de nuestra economía, procurando un crecimiento económico sostenido en el tiempo, condición necesaria para la financiación del conjunto de políticas públicas. El reto al que nos enfrentamos pasa por incrementar sustancialmente la eficiencia en el funcionamiento del sector público y en el diseño de las políticas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Estado del Bienestar.
En la política española hay dos grandes corrientes, una que atribuye la mayor parte de las responsabilidad de la crisis a la gestión política del Gobierno y otra que resta parte de esta responsabilidad para atribuírsela a la geopolítica. ¿Qué visión puede dar de esto un Abogado-Economista con un paso por la política desde un perfil técnico como usted?
La economía española arrastraba una serie de graves desequilibrios que están en el origen de la profundidad de la recesión que padecemos desde 2008: elevado déficit exterior, finanzas públicas equilibradas sólo con fuerte crecimiento, baja productividad, burbuja inmobiliaria, algunos mercados de bienes y servicios poco competitivos, ruptura unidad de mercado, … la crisis financiera internacional fue el detonante que, a través del cese de financiación a la economía española, la crisis del sector inmobiliario y la falta de confianza general, condujo a la recesión.
Las medidas de impulso económico de corte keynesiano puestas en marcha inicialmente pudieron suavizar la dureza del ajuste para algunos agentes, pero la ausencia de un planteamiento basado en la competitividad y la productividad, frenaron sus efectos expansivos más allá del corto plazo. Finalmente, en 2010, la necesidad de implementar de modo decidido la actual política de consolidación fiscal, ha obligado a rectificar y compensar parte de aquellas políticas expansivas, forzando a la mayoría de las administraciones públicas españolas a acelerar el ajuste con efectos muy significativos para el conjunto de políticas públicas que se harán más evidentes en el año 2011. Más que en la búsqueda de responsabilidades, la política económica debe centrarse en la recuperación de la confianza de los agentes, la aplicación de las reformas estructurales, a título de ejemplo, en los mercados laboral, financiero o energético, o la redefinición del sistema competencial de la administración pública.
El Estado del Bienestar ha ido creando unas obligaciones muy severas al Estado, que se van intentando limar poco a poco con ligeros toques en sectores que se piensan que pueden soportarlos. ¿Será ésta la hora de cambios estructurales en los modelos de Estado europeos?
Las democracias avanzadas implantaron en la segunda mitad del siglo pasado un conjunto de políticas públicas al que se viene denominando Estado del Bienestar en unas circunstancias socioeconómicas radicalmente distintas de las actuales. Ya en los últimos años de la década de los 90 surgió en las economías más desarrolladas la preocupación por la sostenibilidad de dichas políticas ante la evolución futura de la demografía de los distintos países.
La crisis actual ha traído al primer plano la posibilidad de falta de financiación provocada por la caída de recursos del sistema fiscal en prácticamente todos los países desarrollados. Es posible que la recuperación de niveles de crecimiento económico positivos permita incrementar los ingresos en nivel suficiente para volver al equilibrio presupuestario en el medio plazo, pero las sociedades y sus instituciones políticas deben ser suficientemente maduras para rediseñar la actividad económica de sus sectores públicos adaptada a las circunstancias que, previsiblemente, vivirán en las siguientes décadas. La profundidad de los cambios dependerá en cada caso, de la situación de partida, del potencial crecimiento de la economía, de la estructura demográfica y de la anticipación con la que sean capaces de enfrentarse a este problema.
La financiación de los Estados a base de emisión de deuda trasladan, en la práctica, un poder quizá excesivo cuantitativamente hablando a las bancas comerciales. ¿se puede estar jugando con fuego?
Las economías que pretendan mantener ritmos positivos de crecimiento económico deben compatibilizarlo con la consecución de los equilibrios básicos en el sector exterior, en el sector público, en los mercados de bienes y servicios, en el de empleo y en precios. La presencia de déficits públicos importantes que han de compensarse acudiendo a los mercados financieros, más que trasladar poder a las bancas comerciales, expone al juicio de los inversores la solvencia de los Estados y de las Administraciones Públicas en un tiempo en el que tras la crisis financiera la percepción del riesgo se ha incrementado en los mercados financieros.
En estas condiciones, las Administraciones Públicas deben trabajar para que la percepción que los inversores tengan de su capacidad para hacer frente en el futuro a sus obligaciones financieras no suponga un problema adicional en el desarrollo de su actividad económica. Para ello deben cuidar tanto el contenido de sus políticas económicas como el modo en que las trasladan al público en general y a los mercados en particular. El déficit público no es un problema únicamente porque haya de financiarse acudiendo a los mercados financieros, que también, sino que, fundamentalmente, porque dificulta en gran medida el crecimiento sostenido y equilibrado de la economía, impidiendo, entre otras cosas, el desarrollo del Estado del Bienestar.
El Euro nos ha dado muchas alegrías, pero ahora puede ser un grillete a los tobillos del país al haberse arrebatado a los países miembros de la UE la autonomía para hacer política monetaria. ¿Europa debería haber quedado en ser un proyecto político y de paz, dejando de lado la economía?
Para España, la entrada en la Unión Monetaria ha supuesto un salto cualitativo en su posición en el escenario económico internacional. No sólo la política monetaria se ha radicado en el Banco Central Europeo sino que, como los acontecimientos de este año han puesto de manifiesto, la política fiscal requiere coordinación y disciplina de los países de la zona euro. En la Unión Monetaria algunas economías ya han entrado de lleno en la recuperación. España debe diseñar y poner en práctica políticas fiscales, políticas de oferta y reformas estructurales, en el marco de coordinación de la Unión Monetaria, que le permitan entrar en la misma senda de recuperación, ganando en competitividad, internacionalización, eficiencia y productividad.
Los fondos de inversión de alto riesgo tendrán que legislarse en España antes de 2013, según una Directiva que está próxima a aprobarse. ¿El Derecho será más fuerte que la especulación?
La ley, aplicada por un supervisor exigente, como es la CNMV, ordena siempre la actividad en un sector regulado como el financiero.
No obstante, los fondos de inversión alternativa son instrumentos de inversión de características especiales, dirigidos a inversores determinados y tienen políticas de inversiones claramente diferenciadas de las de otros fondos. La nueva regulación los hará más transparentes y seguros pero no alterara esa diversidad característica.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado es, en una práctica parlamentaria donde las mayorías absolutas se han hecho casi utópicas, el texto más mediático pero más movedizo debido a las fuertes estimaciones con las que se juega a la hora de cuadrarlas. ¿Habría que hacer seria pedagogía al pueblo acerca de esta Ley?
Las Leyes de Presupuestos son la plasmación de los planes políticos y económicos de las Administraciones Públicas. Sin duda requieren un ejercicio de previsión de cuál será el cuadro macroeconómico para el año siguiente y su influencia en las cuentas públicas.
Lo fundamental en este ejercicio de prospectiva es la prudencia y la credibilidad que los responsables de la política económica sean capaces de imprimir a su elaboración. La credibilidad en el diseño e implementación de la política económica es una de las condiciones necesarias para que produzca los efectos deseados, puesto que en ausencia de la misma, es posible que la reacción del resto de agentes económicos no sea la pretendida.
