Actualmente, el debate público sobre los asuntos fiscales y su impacto en la reputación es muy importante, especialmente para las compañías multinacionales
Los últimos datos analizados por la consultora PwC concluyen que, tras las recientes reformas tributarias y con las nuevas corrientes de gobierno corporativo, ha habido un aumento en 23 puntos –hasta el 40%- de las empresas que comunican su estrategia fiscal; en 29 puntos -hasta el 66%- las que informan sobre su gobierno fiscal y en 20 puntos -hasta el 37%- las que comunican su contribución tributaria total. En este escenario de cambios estratégicos en las empresas, hemos hablado con Joaquín Latorre, socio responsable de PwC Tax and Legal Services, para comentar las modificaciones que se están produciendo en las entidades españolas al ritmo de la fiscalidad y cómo se enmarcan estas dinámicas en nuestro entorno europeo.
Los expertos creen que la reforma de la Ley General Tributaria no mejorará la conflictividad ni la seguridad jurídica. ¿Qué asignaturas pendientes deja?
En cuanto a la seguridad jurídica, existe una clara tendencia internacional denominada cooperative compliance, que entendemos no ha tenido un adecuado reflejo en la normativa y que tiene que ver con la creación de nuevos mecanismos que complementen al sistema de consultas tradicionales que utilizan las empresas, con el objetivo de darles mayor certidumbre a la hora de aplicar la ley. De hecho, en nuestro último Consenso Fiscal, un 50% de los expertos fiscales y empresas a los que preguntamos aseguraron que la nueva Ley General Tributaria disminuirá la seguridad jurídica y sólo un 19% cree que esta aumentará. Algo parecido opinaron cuando les preguntamos sobre la conflictividad de nuestro sistema tributario. Ha habido mucho debate sobre qué nuevos métodos de resolución de conflictos se podrían poner en marcha pero, al final, no se ha incorporado ninguno. Nos hemos quedado con el sistema tradicional de recursos, que en nuestra opinión es demasiado formalista, lento y repetitivo.
¿Cómo se han adaptado las empresas a la reforma fiscal?
De momento, la Ley General Tributaria no ha tenido un gran impacto inmediato en las compañías. No así la anterior reforma del Impuesto sobre Sociedades, que ha afectado especialmente a aquellos grupos de empresas con la obligación de consolidar fiscalmente. De cara al futuro, queda por ver qué va a pasar con el Sistema de Información Inmediata (SII), que puede suponer una auténtica revolución en la gestión del IVA pero cuyo desarrollo reglamentario está todavía pendiente.
¿Detecta que haya cambiado la estructura de los back office de las empresas para afrontar estas reformas?
No, estas estructuras no han cambiado especialmente. Lo que sí hemos detectado es un cambio en los Consejos de Administración, que están siendo mucho más sensibles en el estudio de los riesgos fiscales de sus empresas, como consecuencia de la última reforma en la Ley de Sociedades de Capital. A su vez, este cambio afecta también a las funciones del departamento fiscal de las empresas, que juega un papel fundamental en el control del riesgo fiscal. Esta norma ha incluido en nuestro ordenamiento jurídico la mayor parte de los estándares internacionales que en materia de gobierno fiscal estaban recogidos en las recomendaciones sobre buen gobierno corporativo. Y obliga a las compañías cotizadas a formalizar, revisar y actualizar sus estrategias fiscales y sus políticas de gestión del riesgo, así como el marco global de control de riesgos fiscales.
¿Qué opinión general tiene de la reforma del Impuesto sobre Sociedades?
La reducción de tipos incluida en la reforma ha sido, en general, bien acogida y, además, sigue la tendencia internacional de acercar el tipo efectivo de una empresa y el nominal con la desaparición de la mayoría de las deducciones.
¿Cree que el Country by Country Reporting tendrá una aplicación real y efectiva?
Estamos convencidos de que el Country by Country Reporting será una medida que ayudará a mejorar la transparencia fiscal y el cumplimiento en el Impuesto de Sociedades en las compañías multinacionales. Lógicamente, este efecto se dará si la normativa internacional va acompañada del resto de medidas incluidas en el Plan BEPS de la OCDE como, por ejemplo, la limitación de gastos financieros o el nuevo concepto de establecimiento permanente, entre otros.
¿Cómo afecta el cumplimiento fiscal al normal funcionamiento de las empresas?
Todos los años en PwC Tax and Legal Services colaboramos con el Banco Mundial en la elaboración de un estudio que analiza el coste que para las empresas tiene el cumplimiento fiscal en prácticamente todos los países del mundo. Y el resultado es que este se ha venido reduciendo en los países más avanzados como consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías y lo normal es que así siga siendo en los próximos años.
Leemos que las empresas del IBEX 35 han dado un paso adelante en materia de transparencia y reporting fiscal y han mejorado la información que transmiten a sus grupos de interés. ¿Cómo estamos en España en este tema en relación con otros países de nuestro entorno?
Sin duda las grandes empresas españolas son punteras en transparencia y reporting fiscal y están al mismo nivel que las mejores compañías del Reino Unido y por encima de las de otros países. Nuestra asignatura pendiente es la de conseguir extender esta práctica al resto de compañías cotizadas y no cotizadas. Actualmente, el debate público sobre los asuntos fiscales y su impacto en la reputación es muy importante, especialmente para las compañías multinacionales. No creo que vaya a ser una cuestión coyuntural. Las empresas van a apostar porque la información de sus asuntos fiscales sea cada vez más clara, accesible y de calidad.
¿Podemos prever reformas en la inspección del IVA?, ¿es realmente posible controlar este impuesto como los demás?
El plan anual de control de la AEAT no recoge ninguna novedad al respecto y no parece que estén previstos nuevos procedimientos inspectores. La única novedad tiene que ver con el Sistema de Información Inmediata, anteriormente citado, según el cual -a partir del uno de enero de 2017- las empresas deberán facilitar a la Administración Tributaria información prácticamente en tiempo real sobre las facturas que emiten. Esto va a exigir a las empresas un importante esfuerzo de adecuación y adaptación de sus sistemas de información fiscal.
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