Actualidad Jurídica Aranzadi entrevista en esta ocasión a un catedrático, abogado y colaborador de la Editorial desde hace 25 años, que ha sido elegido por el Consejo General del Poder Judicial magistrado de lo Social del Tribunal Supremo. Se trata de Antonio V. Sempere Navarro, a quien hemos preguntado no sólo qué significa esta nueva responsabilidad profesional de primer nivel, sino cómo analiza la litigiosidad laboral y la situación de los sindicatos en este momento.
¿Qué supone para usted haber obtenido el respaldo del CGPJ para ser nombrado magistrado en el Tribunal Supremo?
Concurrir a esa plaza con otras catorce personas, todas ellas de la máxima valía, ya es un premio para cualquier jurista. Acceder al Supremo por el quinto turno es, al tiempo, un desafío y una satisfacción. Me tengo por muy competitivo y poco vanidoso.
Si pudiésemos viajar cinco años al futuro, ¿qué le gustará haber hecho desde esta nueva categoría profesional?
Me conformaría con no desentonar demasiado con lo realizado por el magistrado cuya plaza voy a ocupar. La altura del listón que ha dejado mi admirado paisano, Aurelio Desdentado, es inalcanzable. Como los ilicitanos somos emprendedores y combativos, me pondré a ello desde el primer día.
¿Qué va a echar de menos de la cátedra y de la actividad en el despacho Gómez Acebo y Pombo?
La Abogacía es apasionante, pero no creo que la Magistratura lo sea menos; el vértigo de los asuntos nuevos y la confianza de los trabajadores o empresas que nos encomiendan un asunto resulta muy atractivo y, sin duda, lo añoraré, al igual que el ambiente del propio despacho, con tanta gente querida. Lo de la Universidad es distinto, porque por vía de actividades no retribuidas o esporádicas (conferencias, charlas) aspiro a no cortar con la faceta docente, al igual que con la vertiente científica apropiada al nuevo oficio.
Con su llegada al Tribunal Supremo como miembro de la Sala de lo Social, ¿da por realizada su carrera profesional en el mundo del Derecho?
Creo que culmino una etapa, pero no me gusta poner puntos finales. En la propia Sala es seguro que tengo que subir muchos peldaños, porque llego al Tribunal Supremo como puro Magistrado en período de prueba y en prácticas.
Usted es un colaborador habitual en Aranzadi. ¿Cómo considera que este compromiso ha ido dando testimonio de su trayectoria en Derecho Laboral?
Un cuarto de siglo dando a la luz publicaciones de todo tipo desde esta Casa creo que no puede esconderse. Aunque me resulta difícil ser neutral, detecto bastante continuidad en la línea seguida: metodología directa y analítica, temas actuales, formación de equipos, búsqueda de formatos atractivos, conexión entre teoría y práctica. No me importaría nada seguir otro periodo igual de largo, por cierto, si Editora y lectores lo soportan. Ahora medito la puesta en práctica de un par de ideas imaginativas para hacer llegar los temas más complejos a la mayoría de gente, una de mis querencias jurídicas. A ver si hay suerte y los jefes las aprueban…
El ámbito laboral tiene un grado de judicialización relativamente bajo respecto a los casos que realmente surgen en las empresas, sin duda a causa del gran papel de la mediación y la negociación. Sin embargo, ¿qué beneficios para las partes considera que tiene el acudir a un órgano jurisdiccional?
Si fuera tomista, negaría la mayor. Creo que hay judicialización abundante. Me alarma la tardanza en resolver temas vitales para los afectados, lo que en algunos casos ello llega a cuestionar la razón de ser de la propia Jurisdicción Social. Pese a las muchas críticas, las condiciones materiales mejorables, el sobreesfuerzo de la mayoría del Personal de la Administración de Justicia y las bondades de la composición extrajudicial, es claro que la gratuidad, oralidad y seriedad de la Jurisdicción Social siguen inclinando a acudir a ella abundantemente.
¿Hasta qué punto se cumple en la jurisdicción laboral la máxima "tener razón, saberla demostrar y que te la quieran dar"?
Cualquier Graduado Social o Abogado que se precie dirá que está muy de acuerdo. Y si hablamos de los justiciables, quizá escuchemos cosas algo más feas; nos cuesta perder y siempre destacamos más los (supuestos) errores que los (merecidos, por descontado) aciertos.
¿Qué define mejor a un magistrado el Tribunal Supremo; su auctoritas o su potestas?
¿Por qué una pregunta alternativa? Las obligaciones del cargo son las que definen adecuadamente el perfil profesional; entre ellas hay aspectos de ambos conceptos, pero también otros muchos.
Desde su actual posición, a punto de entrar como magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ¿quién considera que suele tener más razón en los pleitos que llegan a la cúspide de la jurisdicción española, los trabajadores o los empresarios?
El acceso a la Sala Cuarta es tan técnico en buen aparte de los casos, que no vale la pena realizar estadísticas; el dato ha de buscarse entre el total de demandas presentadas ante los juzgados de lo Social. No olvidemos, además, que muchos asuntos se dilucidan entre administrados (trabajadores, empleadores, pensionistas, etc.) y la Administración.
¿Cree que pueda estar próxima una regulación completa del derecho a la huelga?
Así se solicita desde ciertas instancias cada vez que se produce una huelga en u sector sensible, sin que a día de hoy haya Proyecto de Ley registrado (recordemos que ha de ser Ley Orgánica y, por fortuna, no cabe la vía del Real Decreto-Ley)
¿Considera que es posible a corto plazo una recuperación de la imagen sindical a través de la actividad estrictamente ligada a sus fines, es decir, la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores?
Que antiguos dirigentes empresariales estén procesados o que organizaciones sindicales se encuentren cuestionadas, no debiera oscurecer el relevante papel que los agentes sociales poseen en nuestro sistema de relaciones laborales. Modestamente, hago cuanto está en mi mano para explicar eso, también en esta entrevista destogada.
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