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Nicolás Marchal Escalona, director de autores de SIAPOL, de Thomson Reuters

“No es ni puede ser lo mismo el Derecho que se enseña en la Universidad a nuestros abogados, que el que tiene que aplicar un policía”

27 de Diciembre de 2019

Nicolás Marchal Escalona es el actual director de autores de SIAPOL, la base de datos de Thomson Reuters que incluye toda la formación e información jurídica sobre las técnicas y protocolos de actuación policial. Coronel de la Guardia Civil con más de 25 años de experiencia en formación policial, es además licenciado y doctor en Derecho y autor de numerosas publicaciones relacionadas con la intervención policial, especialmente en labores de Policía Judicial y, más concretamente, en la lucha contra la Violencia de Género.

  • “En violencia de género partimos siempre de un estudio de la igualdad con mayúsculas, de su significación, de la discriminación que subyace en una subcultura machista que, lamentablemente, aún pervive”
  • “SIAPOL está pensada como una herramienta de ayuda al policía sobre el terreno, para resolver esa duda que surge en el momento previo a la actuación”
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¿Cómo reciben formación jurídica las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

Se trata de un proceso que integra a los órganos de personal y enseñanza de las diferentes Instituciones. Partiendo del perfil de competencias profesionales, se establecen las unidades de competencia con los contenidos asociados. De esta forma, la competencia jurídica es una de las nucleares, aglutinando un tanto por ciento muy elevado en la formación de nuestras policías: desde la misma fase de oposición, el período de formación inicial, la especialización y, como no, en el esfuerzo por la constante actualización. La normativa vigente asigna a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una serie de cometidos que pueden articularse en tres facetas fundamentales: policía de seguridad (preventiva, tanto de infracciones administrativas como penales); policía administrativa (mediante la investigación y denuncia de las contravenciones a la normativa administrativa); y, policía judicial (mediante la labor de auxilio a jueces y fiscales en la investigación del delito y aprehensión del delincuente). Es a partir de estas misiones, de estas competencias profesionales, de las que se diseñan las mallas curriculares, destacando -como no puede ser de otra forma-, la formación jurídica, poniendo el acento en el Derecho Administrativo (general y especial), así como en el Derecho Penal y Procesal. Todo lo anterior, sin olvidar la imprescindible formación en Derecho Constitucional, singularmente en todo lo atinente a los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos.

¿Cree que las materias deben estar adaptadas a las necesidades de este colectivo?

Efectivamente. No es ni puede ser lo mismo el Derecho que se enseña en la Universidad a nuestros abogados, que el que tiene que aplicar un policía. Siendo las mismas normas, la aplicación por cada colectivo (jueces, fiscales, abogados, policías, etc.), tiene sus matices, sus singularidades. Por ejemplo: cuando se estudia la detención como media cautelar, es evidente que su tratamiento debe ser más extenso y pormenorizado cuando de policías se trata: los supuestos en los que procede, los derechos que se limitan y la necesaria proporcionalidad en su adopción, el procedimiento formal de la detención, el cacheo previo, los derechos del detenido, el adecuado ejercicio de estos derechos durante la privación de libertad, los procedimientos específicos de acceso, de dación de cuentas, etc.

En línea con lo anterior, ¿cuáles son las temáticas más consultadas y qué peso tienen las relacionadas con la violencia de género?

En violencia de género partimos siempre de un estudio de la igualdad con mayúsculas, de su significación, de la discriminación que subyace en una subcultura machista que, lamentablemente, aún pervive hoy día y que nos castiga cada poco con otra víctima más. Partiendo de la asimilación de lo que trasciende a contenidos y procedimientos, se persigue el cambio de actitudes, de cultura. Visto lo anterior, la mayoría de las consultas giran en torno a las actuaciones con la víctima: la denuncia inicial, las actuaciones de protección en sede policial, la calificación jurídico-penal de los hechos, el procedimiento de investigación, las órdenes de protección y pautas a seguir cuando se quebrantan, la valoración del riesgo de la víctima, etc. Por otra parte, el conjunto de normas que se conjugan para erradicar esta lacra es complejo. Así, tenemos normas sobre igualdad, específicas sobre violencia de género, estatuto de la víctima, orden de protección, valoración del riesgo, varias reformas penales desde el año 1998 hasta la fecha sobre el tema, y un largo etcétera, por lo que las consultas sobre las mismas y su significación son constantes.

Usted imparte un curso sobre violencia de género. En 2018 se aprobó el Pacto de Estado, que contemplaba una partida para la formación. ¿Cree que esta medida ha sido positiva pero insuficiente? ¿Qué aporta su curso a los profesionales?

El Pacto de Estado es un conjunto de medidas que, sumadas a las que ya operan y que se han ido articulando a lo largo de las dos últimas décadas (con un hito importante en la LO 1/2004, Integral contra la violencia de género), van dirigidas a mejorar los procedimientos de investigación, paliar la situación de la víctima, protección, etc. Pero, sin lugar a dudas, las más importantes son las medidas educativas. Hay que comenzar esta desigual lucha en las aulas, en el seno de la familia, sensibilizando a nuestros menores -que serán los mayores del futuro-, que es posible la Igualdad, que hay que pelear por ella y que todos podemos poner nuestro granito de arena. Tanto este pacto de Estado, como otros planes aprobados con anterioridad, conscientes de esta realidad y sin descuidar el resto de aspectos, apuesta por la labor educativa desde todos los espacios y dirigida a todos los colectivos, en la seguridad que es esa la solución. De igual forma -lo mismo que en medidas anteriores-, se ha puesto el acento en la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esta materia, habida cuenta su especificidad, la especialidad de sus procedimientos, la singularidad de los tipos penales a aplicar, las medidas concretas de protección a la víctima... Si en el aula se enseñan contenidos, procedimientos y, actitudes, corresponde a la enseñanza de estas últimas la solución, el cambio que se espera, por lo que el esfuerzo principal de las instituciones policiales va en esa dirección.

 

Por la movilidad intrínseca a su desempeño profesional, ¿cree que ayudaría que estos contenidos estuvieran disponibles en una aplicación móvil?

Evidentemente. SIAPOL está pensada como una herramienta de ayuda al policía "sobre el terreno", para resolver esa duda que surge en el momento previo a la actuación, para consultar el procedimiento específico a seguir en una escena concreta, para echar un vistazo rápido a ese artículo del Código Penal comentado que hay que aplicar, para solventar cuestiones que surgen a posteriori... El disponer de una aplicación móvil que permita la consulta rápida, ese vistazo inmediato -a veces en situaciones de emergencia-, facilitaría la labor de nuestros policías propiciando que el servicio prestado al ciudadano sea de mejor calidad. Por otra parte, el servicio policial está plagado de momentos de espera. Entre intervenciones, cuando se está en momentos de espera, a lo largo de esos "espacios vacíos" en la dinámica del servicio policial, la aplicación móvil sirve para el estudio y/o repaso de esa materia que fue precisa en la anterior patrulla, para leer esa última reforma del Código Penal, para comprobar si la reciente actuación se ajustó a lo establecido...; en suma, para aprender. Contar con SIAPOL en un aplicativo móvil facilitaría esta faceta, que no es otra que la constante actualización de nuestros policías.

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