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29/03/2024. 14:54:21

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VICTORIA ORTEGA BENITO, PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

“Vamos a seguir exigiendo que se apruebe una norma que regule el Derecho de Defensa”

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“La Universidad es una de mis pasiones” “Cuando la unidad y la independencia han sido nuestras banderas es cuando más se nos ha respetado y valorado y más hemos conseguido” “La Justicia Gratuita es una inversión imprescindible, que cuesta menos de cinco euros al año a cada ciudadano”

En medio de una apretada agenda, connatural a su recentísima llegada a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito concede a Actualidad Jurídica Aranzadi una de sus primeras entrevistas como máxima responsable de la profesión. Le preguntamos acerca de su programa más inmediato, y qué cambios prevé hacer en el funcionamiento del Consejo. No pasamos de puntillas sobre cuestiones como la posible Ley Orgánica del derecho de defensa, el Turno de Oficio o los efectos de la Ley de Acceso. Transparencia, eficacia, potenciar el Pleno y la Comisión Permanente así como reforzar los Consejos Autonómicos y los Colegios son algunos de los retos inmediatos para esta mujer que vive el Derecho como pasión desde la Abogacía, la universidad y, ahora, desde el Consejo General.

Victoria Ortega

Asume la presidencia del CGAE después de 5 años como secretaria general junto a Carlos Carnicer. ¿En su programa prevé cambios respecto a la gestión anterior?

Estamos ante una nueva etapa en la que todos debemos aportar y contribuir porque la Abogacía nos lo exige. Me parece fundamental reforzar la unidad y preservar la independencia de la Abogacía. Cuando la unidad y la independencia han sido nuestras banderas es cuando más se nos ha respetado y valorado y más hemos conseguido. Somos la voz de todos los abogados en defensa de los derechos de todos los ciudadanos, destinatarios últimos de la Administración de Justicia. Agradezco la herencia recibida y voy a trabajar por una Abogacía mejor, más preparada y más exigente consigo misma y con el papel que nos asigna la Constitución: la defensa de los derechos de todos. ¿Cambios? Los que entre todos consideremos necesarios para hacer mejor nuestro trabajo y defender la profesión, sus intereses y su dignidad.

¿Se ha marcado algún objetivo concreto?

Trabajar con transparencia, con eficacia y con eficiencia. Además de potenciar el Pleno y la Comisión Permanente como órganos de información, debate y decisión, reforzaremos la interrelación con los Consejos Autonómicos y los Colegios y replantearemos la organización y funcionamiento de las Comisiones ordinarias. Desde el punto de vista del funcionamiento de la Justicia, el gran objetivo común de toda la Abogacía es alcanzar de forma consensuada un Pacto de Estado por la Justicia, que estamos dispuestos a liderar para lograr un modelo de Administración de Justicia que merezca tal nombre en el contexto de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.

¿Qué tienen en común los integrantes de su equipo de gobierno?

La ilusión y la determinación en el trabajo, la voluntad de fomentar la cercanía y el servicio a las instituciones colegiales y a sus colegiados y la intención de dar respuestas ágiles y solventes a las cuestiones planteadas por los consejeros, los Colegios, los abogados y los ciudadanos.

Carlos Carnicer subrayó varias veces la importancia de sacar adelante una Ley Orgánica del Derecho de Defensa. ¿Ha tomado usted el testigo?

Vamos a seguir exigiendo que se apruebe una norma que regule el Derecho de Defensa. Ya hemos entregado al actual ministro de Justicia un borrador de anteproyecto elaborado por la Abogacía y en cuanto se forme el nuevo Gobierno reiteraremos esta demanda de los abogados y de la sociedad. Sin esta ley orgánica, la defensa de los derechos de los ciudadanos está debilitada, pero también la libertad e independencia de los abogados están amenazadas.

Ejerce la Abogacía desde 1981 y, desde muy pronto, comenzó a tener responsabilidades colegiales y en la abogacía institucional. ¿Puede decirse que usted es una mujer de gobierno?

Que una mujer ocupe la presidencia del Consejo, que otras sean decanas o socias de despachos o tengan cargos de responsabilidad en la Administración de Justicia no debe ser una excepción. Cuando eso no sea noticia, seguramente estaremos más cerca de haber conseguido esa igualdad que las mujeres hemos ganado y que la sociedad necesita. Vamos en la buena dirección, la de la igualdad.

En los últimos años, el Consejo de la Abogacía ha distinguido por la defensa de los derechos de la ciudadanía, no sólo de los abogados. ¿Se plantearán nuevos retos?

Los retos están ahí, surgen cada día. Estamos hablando de derechos de los ciudadanos, entre ellos el del acceso a la Justicia o los de las personas sin recursos que acceden a la Justicia Gratuita. La defensa de esos derechos es consustancial a la Abogacía y a los abogados. Baste recordar el trabajo durante tres años de toda la Abogacía que, con el apoyo de la Plataforma Justicia para Todos, logró la derogación de las tasas judiciales para los ciudadanos. Ahora queda su eliminación para pymes y ONGs. También hay que recordar el freno a la reducción de partidos judiciales que alejaba a los ciudadanos de la Justicia.  Hay que hablar de los derechos de otros colectivos, como los refugiados o los demandantes de asilo. La Abogacía está siempre en la primera línea de atención a esos colectivos.

Uno de los grandes retos sigue siendo mejorar la Justicia Gratuita…

Sin la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, el Estado de Derecho no merecería llamarse así. Es, como decía frecuentemente Carlos Carnicer, una inversión en paz social. La Justicia Gratuita es una inversión imprescindible, que cuesta menos de cinco euros por año a cada ciudadano. El trabajo que prestan 24 horas al día, 365 días al año cerca de 43.000 abogados es un servicio que ha sido reconocido por los destinatarios de su esfuerzo diario: los justiciables, y que está considerado como uno de los mejores del mundo. La Administración debe garantizar un pago digno y sin retraso a los abogados por las actuaciones realizadas.

Usted es profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria. Uno de los grandes logros de Carlos Carnicer fue la Ley de Acceso. ¿Nota un cambio de mentalidad en los alumnos de Derecho sabiendo que tienen que enfrentarse a una habilitación profesional?

La Universidad es una de mis pasiones. La Ley de Acceso es una conquista de la que deben sentirse orgullosos los ciudadanos, la Administración de Justicia, los estudiantes y los abogados. Los estudiantes disponen con el máster de una mejor formación, equiparable a la del resto de Europa, y pueden incorporarse al trabajo en condiciones de mayor competitividad. Lo que seguimos reclamando es que ese máster sea fundamentalmente práctico.

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