Un total de 27,45 millones de euros en seis años, ese es el importe por el que el Consejo de Ministros del pasado viernes acordó autorizar la contratación de servicio integral de seguimiento por medios telemáticos (pulseras) del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.
Para llevar adelante la adjudicación, el Gobierno informó de que en los próximos días se hará público el nuevo procedimiento de licitación. En realidad la duración del contrato será por tres años, que podrían ser prorrogados por otros tres más, "hasta un máximo de seis años".
El servicio está contemplado en la Ley Integral de Violencia de Género. Esta norma establece en su art. 64.3 que
el juez "podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento. El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal".
En cuanto a su orientación hacia las víctimas, estos medios tienen por objeto garantizar su ubicación y protección a fin de garantizarles la ayuda necesaria. En cuanto a los potenciales agresores, su finalidad es múltiple: limitar, ubicar, controlar y disuadir.
Continuidad del servicio
El objetivo de este contrato es mejorar y dar continuidad a este servicio, para lo que se incluye un servicio de puesta a disposición de dispositivos de seguimiento telemático y con tecnologías más modernas. De este modo, "se garantiza la prestación y la continuidad del servicio, sin interrupción, siempre en beneficio de la seguridad y protección de las víctimas de violencia de género", informó el Ejecutivo.
Lucha contra las drogas: 9,5 millones para las CCAA
Por otra parte, la Mesa Interministerial también aprobó un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de 9.519.400 euros para el desarrollo de programas de Comunidades Autónomas de lucha contra las drogas derivados del Plan Nacional sobre Drogas durante este año 2017. La transferencia se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
