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Académicos y juristas consideran “urgente” la reforma de la Constitución, con “contenidos obsoletos ante las nuevas realidades”, en un estudio publicado por Thomson Reuters

4 de Diciembre de 2014

Una veintena de profesores universitarios, dirigidos por Javier García Roca, director del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, han realizado un estudio que reflexiona sobre la necesidad de reforma de nuestro texto constitucional de 1978.

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Javier García Roca, director de la publicación.

El informe Pautas para una reforma constitucional, publicado por Thomson Reuters, bajo su sello editorial Aranzadi, parte del consenso inicial de los expertos sobre la necesidad de reforma de un texto que consideran obsoleto en algunos de sus aspectos por la ausencia de un manteamiento constante mediante paulatinas reformas.

"El grupo de expertos comenzamos nuestros trabajos pensando -por prudencia- en hacer unas mínimas reformas en la Constitución de 1978. Según fuimos avanzando en el estudio y revisión de algunas de las cuestiones principales, aquellas que creemos más problemáticas, nos dimos cuenta de que la reforma ya no puede ser de mínimos", explica García Roca. 

Los juristas participantes en el estudio proceden de diversas disciplinas, generaciones y sensibilidades, lo que demuestra que es posible alcanzar consensos entre posiciones de partida muy diversas. Es, precisamente, la falta de consenso a la que en muchas ocasiones se alude para justificar la ausencia de reforma constitucional. En palabras de García Roca, "el consenso es el fruto de la voluntad de acuerdo y del diálogo y no puede ser una condición previa, debe ser la consecuencia de la tramitación de un adecuado procedimiento constitucional con sucesivos estudios y deliberaciones y la participación de todos".  En este sentido, el coordinador del informe afirma que parece que se ha "olvidado" que la diversidad de posiciones ya existía en el 78, y remarca que lo que sí debe existir es, al menos "un compromiso de llevar la reforma a buen puerto mediante recíprocas transacciones: una obligación de resultado".

El estudio pasa revista, siguiendo el orden del texto Constitucional, a la cláusula europea, los derechos fundamentales, el sistema electoral del Congreso y del Senado, las funciones de una Cámara territorial, la Corona, el sistema parlamentario, el Gobierno, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Estado autonómico y el propio procedimiento de reforma

De entre todos los aspectos analizados, García Roca acentúa la urgencia de reforma en "el Estado autonómico".  En su opinión, es preciso "alcanzar acuerdos sobre una mejor organización territorial en competencias, financiación e integración política que diseñen un proyecto ilusionante de vida en común para todos los españoles". Aunque vaticina que "no será sencillo", tiene claro que "no es imposible y no existe otro camino más corto".

Finalmente, García Roca recuerda que "la reforma es una decisión política y son nuestros representantes -y no los juristas- quienes deben alcanzar los acuerdos, fijar las prioridades y los ritmos de las modificaciones, así como acertar a explicarlas convenientemente a la opinión pública".  "La función del Derecho y de los expertos independientes es sólo auxiliar. Necesitamos representantes que asuman este reto político", concluye.

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