El Consejo de Ministros del pasado viernes dio su visto bueno a la firma de un Tratado de asistencia judicial mutua en materia penal entre España y Ecuador, que tiene por finalidad facilitar la prestación de asistencia judicial en materia penal entre ambos países, con lo que, según informó el Ejecutivo, “se promueve la seguridad jurídica en las relaciones mutuas”.
La importancia de dicho acuerdo se explica, entre otros motivos, desde la relevancia de los flujos migratorios entre ambos estados, sobre todo el referente a los ciudadanos del país hispano americano afincados en España. No en vano, y según datos de 2017, la comunidad ecuatoriana en España es la tercera comunidad extranjera más importante en el país con unas 430.000 personas, si bien bajaría en el ranking hasta la sexta si se descuentan los que tienen la doble nacionalidad.
Modalidades que regula el Tratado
El objetivo del Tratado es promover la seguridad jurídica en las relaciones mutuas. Así, entre otras modalidades de asistencia, regula:
- Comparecencia de testigos y expertos en el territorio del país requerida.
- Notificación de documentos.
- Obtención de pruebas.
- Localización e identificación de personas y objetos.
- Traslado de detenidos para comparecencia, videoconferencia y adopción de medidas cautelares.
No aplicable con fines de extradición
En el ámbito de aplicación se incluye la asistencia en relación con delitos contra la legislación relativa a impuestos, derechos de aduana, control de cambios y otros asuntos fiscales. No será aplicable, en cambio, a la detención de personas con fines de extradición o con miras a la ejecución de sentencias penales. Se prestará la asistencia con independencia de que el hecho que motive la solicitud constituya o no delito respecto a las leyes del Estado requerido.
