El Pleno del Consejo Nacional del Agua, bajo la Presidencia de Elena Espinosa, Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, estudió ayer el Proyecto de Real Decreto por el que se determina la composición, estructura orgánica y funcionamiento del Consejo Nacional del Agua. Asimismo, sometió a análisis el que fijará la composición del Consejo del Agua en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias. Se trata de buscar un acuerdo interno, para acudir a la trasposición de la normativa comunitaria con una posición única.
En el Pleno también se ha tratado la futura redacción de lo que será la reforma del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. El Pleno tomó la decisión de remitir el texto para informe de la Comisión Permanente, antes de continuar su tramitación como Real Decreto.
Igualmente, se planteó el Proyecto de Real Decreto sobre protección de aguas subterráneas. En ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha tomado nota de los avances en la transposición de la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
Estos asuntos tienen una trascendencia crucial para los regantes, ya que el artículo 16 bis.5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, encarga al Ejecutivo el establecimiento, por Real Decreto, tras oír a las Comunidades Autónomas; del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. Este ámbito tendrá que coincidir con el Plan Hidrológico. Una vez hecho todo ello, tendrá que armonizarse con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
En el caso español, se cuenta ya con una estructura de cuencas hidrográficas consolidada; y ajustada, en líneas generales, a la estructura competencial entre Estado y autonomías. Por ello, esta reforma que se está pensando del Real Decreto 125/2007 puede establecer francas diferencias entre unos regantes y otros; con las consecuencias económicas que ello implica a la hora, sobre todo, de las exportaciones de frutas y hortalizas.
