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Aprobadas nuevas ayudas para la compra de vehículos alternativos

11 de Marzo de 2019
LegalToday

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un Real Decreto por el que se otorga la concesión directa de ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES), dotado con 45 millones de euros. La norma es el Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, que fue publicado en el BOE del sábado.

Según afirmó el Ejecutivo, el programa constituye una herramienta para hacer frente al incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, "ya que promueve un transporte sostenible no basado en combustibles fósiles".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó que el programa de ayudas será gestionado por las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, así como a planes de transporte en los centros de trabajo.

Podrán beneficiarse de las ayudas: profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, así como las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Isabel Celaá detalló que las ayudas oscilarán entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan cerca de los 5.000 euros.

Otros acuerdos: consignación de buques

Por otra parte, el Gobierno aprobó un Real Decreto que actualiza la normativa relativa a la consignación de buques para mejorar el tráfico comercial marítimo en España. El objeto de esta norma es "dotar de mayor transparencia las obligaciones de los consignatarios", según el Gobierno.

La portavoz aclaró que afecta a la actividad en puerto, es decir, a las condiciones de establecimiento y de ejercicio de los consignatarios, que actúan por cuenta del armador en los puertos, ya sea para buques nacionales como para buques internacionales. Celaá añadió que se crea un registro público de agentes consignatarios que facilitará el acceso de armadores y navieros a estos servicios y mejorará el control el cumplimento de sus obligaciones.