El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un Real Decreto mediante el que el Ejecutivo ha formalizado la distribución de un crédito de seis millones de euros destinado a colaborar en la modernización de la Administración de Justicia de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia. Se trata de exactamente la misma cantidad que el Gobierno aprobó hace ahora justo un año por el mismo concepto.
Según informó el Gobierno al término de la reunión de la mesa interministerial, el crédito será destinado al impulso de las nuevas tecnologías, la modernización de la Administración de Justicia y las mejoras necesarias para un servicio público de Justicia ágil, accesible y de calidad.
En la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado 25 de febrero se acordó que las Comunidades Autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar la cantidad percibida, entre otros proyectos, al impulso de las nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora. Así, entre los objetivos prioritarios de esta dotación económica se encuentran la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal, la conexión digital de las oficinas judiciales, el papel cero en los juzgados y tribunales y la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal en todo el territorio nacional.
Como hemos adelantado, este es el segundo año consecutivo en el que la Administración del Estado pone a disposición de las Comunidades Autónomas con las competencias de Justicia transferidas una dotación de seis millones de euros destinados al impulso de las nuevas tecnologías y a la implementación de mejoras que incidan en un servicio público de calidad, en los términos que se acuerden en los correspondientes convenios de colaboración.
La concesión de este crédito, incluido en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2016, responde al compromiso adquirido por el mismo con la implantación efectiva de la Justicia digital en nuestro país, así como con la mejora en la eficiencia de la Administración de Justicia y su competitividad, tanto en los tiempos de resolución de asuntos como en la calidad de su funcionamiento.
La distribución del crédito por Comunidades Autónomas es la siguiente:
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COMUNIDAD AUTÓNOMA |
Reparto en euros y porcentaje |
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ANDALUCÍA |
1.381.629 |
23,0% |
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ARAGÓN |
192.144 |
3,2% |
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ASTURIAS |
173.357 |
2,9% |
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CANARIAS |
351.476 |
5,9% |
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CANTABRIA |
97.002 |
1,6% |
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CATALUÑA |
1.112.909 |
18,5% |
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COMUNIDAD VALENCIANA |
779.320 |
13,0% |
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GALICIA |
427.611 |
7,1% |
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LA RIOJA |
45.306 |
0,8% |
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COMUNIDAD DE MADRID |
1.048.138 |
17,5% |
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA |
93.192 |
1,6% |
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PAÍS VASCO |
297.916 |
4,9% |
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TOTAL |
6.000.000 |
100% |
Los criterios de reparto adoptados para la distribución del crédito han sido los siguientes:
1. Población de derecho (datos referenciados a 1 de enero de 2015).
2. Litigiosidad (número de asuntos ingresados en juzgados y tribunales en el año 2015).
3. Planta judicial (número de unidades judiciales a 1 de enero de 2016).
Las partidas puestas a disposición de las Comunidades Autónomas permitirán según el Gobierno seguir avanzando en las comunicaciones telemáticas y en la implantación del expediente digital, y contribuirán a establecer una relación más ágil y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídicos.
