La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente se han unido por primera vez desde hace años para presentar un programa conjunto de propuestas y reivindicar un Pacto de Estado por la Justicia.
"La Justicia no puede estar al albur de los vaivenes e intereses políticos", han reivindicado las asociaciones en una rueda de prensa ofrecida en Madrid en la que han pedido orillar las diferencias y apostar por la Justicia que debe ser -dicen– "ser una prioridad".
Las cuatro asociaciones de jueces han alcanzado un acuerdo sobre unos puntos básicos que forman las base de lo que presentan como proyecto que esperan pueda ponerse en marcha en la próxima legislatura y que ha sido expuesta por el nuevo presidente de la APM Manuel Almenar .
Una de las líneas básicas es para ellos la renovación del CGPJ que debe "quedar al margen de las tensiones políticas" y reforzar su independencia. Para ello consideran "imprescindible" que sus miembros sean designados por elección directa de los propios jueces y que cuentan con dedicación plena.
El proyecto resume en nueve puntos los pasos básicos para mejorar la Justicia. Además de la reforma del CGPJ, las asociaciones piden "redefinir las competencias" que ahora, en función de la Comunidad Autónoma, están o no transferidas creando "ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda". Así piden mecanismos de coordinación eficaces que aseguren que "todos trabajen en la misma dirección".
RECLAMAN INVERSIÓN
También reclaman un plan de inversión económica que quede distribuido "a lo largo de varias legislaturas" e implique la asignación de un porcentaje de los Presupuestos Generales y vaya acompañado de una memoria auditada por expertos independientes.
Solicitan un nuevo modelo de carrera judicial y de organización territorial y funcional de la Justicia que implique revisar las categorías profesionales y un plan de ampliación de la planta judicial que aspire a "situar la ratio de jueces en términos similares a los que los países de nuestro entorno.
REFORMA PROCESAL
Otro de los puntos del programa es la necesidad de concitar una mayoría política y social para el desarrollo de reformas o disposiciones procesales. Las modificaciones requieren -aseguran– un diagnóstico previo de los problemas y la búsqueda de decisiones consensuadas.
Las cuatro asociaciones, representadas en la rueda de prensa por el presidente de la APM, Manuel Almenar, el portavoz de JpD Joaquim Bosch, el portavoz de AJFV Raimundo Prado, y el presidente del FJI Conrado Gallardo, han reivindicado también el establecimiento de condiciones profesionales dignas que afronte asuntos como la salud laboral, los riesgos y enfermedades profesionales o a igualdad de género.
En cuanto a la modernización tecnológica precisan que la orden incluida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de que a partir del 1 de enero las comunicaciones entre profesionales de la Justicia se hagan de forma telemática o electrónica "puede no ser suficiente" si no se resuelven problemas como "la compatibilidad de los sistemas informáticos procesales". "Hoy existen hasta ocho aplicaciones distintas en diferentes comunidades", recuerdan.
