Aumenta la oposición a la futura reforma de la Ley de Costas

Según afirman las organizaciones ecologistas que durante el fin de semana desarrollaron actividades en todo el litoral español, "en dos décadas, nuestra costa ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta miles de millones de euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin". Siguen concretando que "una reforma de la Ley de Costas en los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, con una revisión del litoral deslindado (con más del 90% realizado), supondría un verdadero factor de inseguridad jurídica e implicaría un enorme coste que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos".

En realidad, la inseguridad jurídica es uno de los problemas actuales que genera la Ley de Costas y que lo que será la  Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral tratará de solucionar. De hecho, y según nos comenta Manuel Vélez Fraga, Abogado de la práctica de Derecho Público y Contencioso Administrativo en Uría Menéndez "la Ley de Costas de 1988 se dictó con la declarada intención de reforzar los mecanismos jurídicos de protección, conservación y recuperación del dominio público marítimo-terrestre. Esas medidas pretendían dar respuesta a un escenario de progresivo deterioro del litoral motivado por la presión demográfica y urbanística en la costa".

"Para alcanzar este fin -sigue el Abogado de Uría Menéndez-, la Ley de Costas incorporó una definición más amplia del dominio público; excluyó la posibilidad de enclaves de propiedad privada dentro de la costa y amplió la zona denominada de servidumbre de protección en la que se prohibieron las edificaciones destinadas a residencia y habitación. Esta zona pasó a ser de 100 metros contados desde el límite de la zona de dominio público. Anteriormente, esta clase de protección se dispensaba solo en los 20 primeros metros. El problema con el que se enfrentó la Ley de Costas de 1988 fue el de resolver las situaciones transitorias".

Para Manuel Vélez, "posiblemente puedan identificarse dos factores como desencadenantes de la modificación. En primer lugar están los casos que, como el del hotel del Algarrobico, han tenido un impacto en la opinión pública al generar la sensación de cierta descoordinación interadministrativa en materia urbanística y de costas".

"En segundo lugar -prosigue el Abogado de Uría Menéndez-, y quizá más importante que lo anterior, está el denominado "Informe Auken". El "Informe Auken" es el nombre que recibe una Propuesta de Resolución formulada el 20 de febrero de 2009 por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El Informe se hacía eco de las quejas planteadas tanto por ciudadanos españoles como del resto de Europa, con relación a la inseguridad jurídica que se derivaba de la aplicación de la Ley de Costas y de los procesos urbanizadores. Entre otras cuestiones, el Informe señalaba la necesidad de evitar que existiesen personas que se viesen privadas de una propiedad adquirida legítimamente como consecuencia de lo que el Informe denominaba una "aplicación retroactiva" de la Ley de Costas. Realmente, a lo que se refería ese Informe era a situaciones que pudieran derivarse, bien fuera de acciones urbanizadoras no coordinadas con la aplicación de la Ley de Costas, bien de deslindes practicados con posterioridad a desarrollos urbanísticos y que incidiesen en edificaciones terminadas".

Anteproyecto de Ley-¿cuáles son los cambios que introduce respecto a la Ley de Costas vigente?

Le hacemos esta pregunta a Manuel Vélez, quien  nos compone el siguiente esquema con los cuatro puntos fundamentales:

1. La creación de un procedimiento que permitirá la suspensión automática, a instancias del Estado, de las licencias municipales que vulneren la Ley de Costas. El Estado tendrá que impugnar estas licencias en el plazo de diez días ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la cual previsiblemente deba ser quien confirme la suspensión de la licencia o alce dicha suspensión. Es la denominada cláusula "anti-Algarrobico", por referencia al caso del conocido hotel construido al amparo de licencias municipales, pero con incumplimiento de las limitaciones de la Ley de Costas.
2. El establecimiento de un régimen diferenciado para las playas urbanas (contiguas a suelos urbanizados) y para las playas naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural), que tendrán una protección mayor a la vigente con restricción de las ocupaciones.
3. Una modificación del régimen de las concesiones para uso privativo de espacios ubicados en el domino público costero. Estas concesiones pasarán a poder otorgarse por 75 años, en lugar de los 30 años actuales, permitiéndose su transmisión "mortis causa" e "intervivos". Se anuncia en relación con este aspecto una prórroga extraordinaria de las concesiones otorgadas a los antiguos propietarios de bienes declarados de dominio público por la Ley de Costas de 1988 (la prórroga de 30 + 30 años), aunque todavía no se ha concretado en qué consistirá esa prórroga extraordinaria (si será una prórroga genérica de 30 años para todos los antiguos propietarios según estaba previsto o una prórroga que alcance hasta los 75 años que incorporará la reforma).
4. Por último, hay una mención a que la futura ley regularizará algunas barriadas históricas para excluirlas del dominio público marítimo-terrestre, como en los casos de Pedregalejo y El Palo (Málaga).

¿Cómo afectará la reforma a procesos judiciales ya iniciados?

El abogado de la práctica de Derecho Público y Contencioso Administrativo en Uría Menéndez nos dice que "los conflictos judiciales que origina la aplicación de la Ley de Costas suelen, a muy grandes rasgos, ser de dos tipos. O recursos contra deslindes aprobados por el Estado que entran en conflicto con edificaciones o desarrollos urbanísticos; o recursos contra licencias o instrumentos de planeamiento que se consideran contrarios a las disposiciones de protección de la Ley de Costas".

"La incidencia que pueda tener la reforma en procedimientos judiciales en curso -matiza Manuel Vélez- dependerá seguramente del alcance retroactivo que se otorgue a las medidas que están encaminadas a reforzar la seguridad jurídica de las concesiones (tales como prórrogas, supresión de limitaciones a la transmisibilidad u otras). Ello podría tener el efecto de generar, con carácter retroactivo, un derecho que refuerce las posibilidades de defensa de un propietario o concesionario. Por otro lado, -matiza- el reforzamiento de la protección de las playas naturales probablemente dé lugar a conflictos derivados de situaciones transitorias que se vean afectadas por el nuevo régimen".

¿Con qué estrategia cree el abogado debe afrontar la modificación legislativa casos que ya tenga sobre la mesa? Manuel Vélez Fraga nos comenta que "la clave para afrontar procesos judiciales en marcha tras la reforma estará en la interpretación del régimen transitorio de la nueva Ley, así como en los principios generales que de ella se deducirán y que podrán influir en los criterios que deban orientar esa interpretación. Parece claro que la reforma persigue un doble objetivo: reforzar la protección de ciertas áreas (singularmente las playas naturales) y, al mismo tiempo, dotar de mayor seguridad jurídica a propietarios y concesionarios. Y con esas herramientas será necesario en cada caso determinar si existen circunstancias que alteren o no de modo relevante los procedimientos en curso".