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Bruselas pide reforzar la protección del menor en los casos transfronterizos de custodia o secuestro parental

1 de Julio de 2016

La Comisión Europea ha propuesto este jueves normas revisadas que garanticen una mayor protección del menor en los litigios transfronterizos para decidir su custodia, el derecho de visita o para resolver un supuesto secuestro parental.

EP

El objetivo es ofrecer un marco jurídico seguro para el menor y agilizar los procedimientos, porque el tiempo en que se tarda en resolver un litigio es esencial para proteger el interés superior de los menores.

Por ejemplo, se reducirá de 24 a 18 semanas el plazo máximo en que se debe resolver el proceso de retorno de un menor en un caso de secuestro parental, al fijar como tope seis semanas para cada fase del proceso (procesar la demanda, primera instancia y apelación).

En el caso de que un menor deba ser acogido por un familiar o una institución educativa en otro Estado miembro, por ejemplo por el fallecimiento repentino de sus padres, el juez en el país receptor tendrá que aprobar o rechazar la solicitud de acogida en un máximo de ocho semanas.

"Pocas cosas son más traumáticas para un niño que ser testigo de peleas entre sus padres. Cuando estas disputas acaban en procedimientos judiciales transfronterizos, la Unión Europea tiene la responsabilidad de garantizar que se resolverán de la manera más armoniosa y eficiente posible", ha destacado el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

Timmermans ha destacado, además, que las nuevas normas permitirán reducir los plazos, pero también los costes, al conseguir que los distintos regímenes jurídicos sean compatibles.

La comisaria de Justicia, Vera Jourova, ha incidido en la importancia de acortar los tiempos y ha explicado que se ha analizado la experiencia de la última década para renovar las normas y asegurar procesos más rápidos.

Según los datos de Bruselas, la agilización de los trámites y la posibilidad de que los padres participen en la mediación antes de llegar a un juicio permitirá reducir en 2.200 euros los costes. La abolición del procedimiento 'exequátur' permitirá ahorrar entre 1.100 y 4.000 euros por caso.

Para que las nuevas normas sean efectivas es necesario aún el visto bueno por unanimidad de los Estados miembros, y un voto consultivo del Parlamento Europeo.

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