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Catalá anuncia un incremento del 30% de los honorarios de los letrados del Turno de Oficio

22 de Mayo de 2018

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado durante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, al que asisten los 83 decanos de los Colegios de Abogados y los 12 consejeros electivos, que una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se incrementará un 30% de media los baremos que reciben los abogados adscritos al Turno de Oficio, como respuesta a las demandas y negociaciones con el Consejo, en representación de los 83 Colegios de Abogados.

  • La subida será del 35 o del 20% según los diferentes asuntos tramitados por Asistencia Jurídica Gratuita y afectará a la práctica totalidad de los expedientes tramitados
  • La subida de los baremos, anunciada por el ministro de Justicia, será efectiva tras la aprobación de los Presupuestos de 2018
  • La Abogacía continúa exigiendo mejoras que respeten la dignidad de los profesionales y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de la ciudadanía y no un bien de mercado
CGAE

El ministro ha destacado que la subida afectará al 99% de los expedientes tramitados por Justicia Gratuita con una subida que variará entre el 35%, especialmente en las jurisdicciones penal y civil, y el 20% para el resto de asuntos. Catalá ha afirmado que estas medidas se aplicarán inmediatamente tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, prevista para antes de que finalice junio. El detalle de las subidas se negociará en las próximas semanas.

El Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, en el ejercicio de su función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de los abogados y de la dignidad de la profesión, han venido denunciando que la actual retribución del Turno de Oficio -en determinadas comunidades autónomas y, sobre, todo en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia- supone una falta de reconocimiento tanto a la labor de los más de 51.000 abogados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución.

Durante meses, se han venido manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia para agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, ya se ha conseguido el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita. En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 y el abono antes de finalizar mayo de los meses de enero, febrero y marzo, la liquidación de las indemnizaciones en el territorio competencia del Ministerio de Justicia se efectuará con carácter mensual.

No obstante, con este anuncio del ministro de Justicia no se soluciona de forma total el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado así como el reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias. El ministro se ha mostrado partidario de ir armonizando paulatinamente los baremos para que no haya grandes diferencias entre lo que se cobra en distintos lugares de España.

La Justicia Gratuita es un servicio con protección constitucional que prestan eficientemente más de 51.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España, garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes.

Los abogados de oficio son los auténticos protagonistas del servicio, y deben desarrollar su función en condiciones dignas, con garantías de percibir siempre el cobro por cada actuación y asegurando una retribución digna, tal y como prevé la propia exposición de motivos de la actual Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

La Abogacía continua trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de la ciudadanía y no un bien de mercado.

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