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Catalá defiende el arbitraje como equivalente jurisdiccional rápido y eficaz

21 de Noviembre de 2014

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó ayer el compromiso del Gobierno con el fomento del arbitraje "como instrumento útil y esencial para contribuir a la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia".

EP

Catalá realizó estas afirmaciones durante su intervención en la clausura del II Congreso "Jueces y árbitros: aliados en la resolución de las disputas comerciales", organizado por la Corte de Arbitraje de Madrid, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Fundación Rafael del Pino.

El ministro se refirió también a la obligación de las autoridades de "garantizar un marco de estabilidad institucional y seguridad jurídica que genere confianza en los mercados internacionales, potencie nuestra competitividad y atraiga inversiones que estimulen la actividad económica del país".

El ministro de Justicia calificó el arbitraje como "un verdadero equivalente jurisdiccional - según lo califica el Tribunal Constitucional- que permite recurrir a expertos de la materia vinculada a la controversia" que haya que dirimir. Con un componente de celeridad que, según ha explicado el ministro, avalan las propias estadísticas de la Corte de Arbitraje de Madrid.

Así, 8 de cada 10 arbitrajes tienen una duración inferior al año. La cuantía media en disputa en cada procedimiento, según los años, oscila entre los 3 y los 6 millones de euros, por lo que los más de 200 asuntos tramitados en 2013 sumaron un valor cercano a los 1500 millones de euros.

Catalá definió la relación entre jueces y árbitros como una alianza recíproca y sin que haya dependencia o subordinación, especialmente desde la aprobación de la Ley de Arbitraje de 2003, que permitió "un acercamiento de ambos institutos, el arbitral y el jurisdiccional".

Según el ministro de Justicia, el fortalecimiento del arbitraje reporta grandes beneficios a la Administración de Justicia "porque  es capaz de generar un corpus de doctrina que podrá convertirse en jurisprudencia en el futuro" y también porque, como alternativa a los tribunales alivia la carga de trabajo de los órganos judiciales al canalizar por otra vía complejas controversias.

Igualmente reconoció que la Ley de Arbitraje no requiere demasiados ajustes pero ha destacado "la necesidad de renovar diferentes ámbitos del Derecho privado, como la Ley de Navegación Marítima (aprobada el pasado mes de julio) y el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (ya presentado y actualmente en estado de tramitación parlamentaria)".

Por último, el ministro destacó los logros conseguidos por la Corte de Arbitraje de Madrid, tanto en materia de transparencia como de solvencia y rigor (el 90 por 100 de los laudos no se someten a procedimiento de anulación).

Por ello, animó a difundir este modelo innovador en el resto del país como medio para fomentar la cultura del arbitraje y  propiciar que en los contratos entre empresas se incluya con más frecuencia la cláusula arbitral.

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