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Catalá insiste en la necesidad de una Estrategia Nacional de Justicia para proseguir con las reformas

4 de Mayo de 2016

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha intervenido en el desayuno informativo Fórum Europa-Tribuna Mediterránea celebrado en Valencia, donde ha repasado algunas de las medidas legislativas afrontadas por su departamento durante la pasada legislatura en relación con la reforma de la Justicia.

MJ

Catalá ha insistido en la necesidad de una Estrategia Nacional de Justicia que permita continuar la senda reformista con la participación de todos los actores involucrados para conseguir así el modelo de Justicia ágil, cercana y de calidad que los españoles demandan.

Catalá considera que abandonar la senda reformista de los últimos cuatro años generaría incertidumbres y afectaría a la seguridad jurídica y ha llamado a la máxima concertación y diálogo posibles no solo entre partidos políticos, sino entre todos los profesionales que trabajan cada día en la Administración de Justicia.

El ministro ha realizado un breve recorrido por ese conjunto de reformas estructurales que hicieron posible evitar un rescate económico y poner a España en la senda del crecimiento hasta el punto de ser la locomotora de Europa, según opinión del FMI, y recuperar la credibilidad y la confianza de los inversores.

Así, dentro de ese objetivo de recuperar la seguridad jurídica desde el mayor consenso y colaboración de los profesionales de la Justicia, Catalá se ha referido a la modernización de las leyes españolas, poniendo como ejemplo las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley Hipotecaria.

El titular de Justicia ha hecho también referencia a las reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal encaminadas a agilizar el proceso penal, proteger los derechos del investigado, perfeccionar el decomiso, implantar la segunda instancia penal y regular medidas de investigación tecnológica adecuadas a nuestro tiempo.

En relación con el Código Penal, Catalá ha puesto en valor novedades como la lucha contra la ciberdelincuencia y la respuesta penal ampliada a determinados delitos especialmente graves con la introducción de la prisión permanente revisable para terroristas y crímenes de especial gravedad que tengan como víctimas a los menores.

El ministro de Justicia se ha referido al trabajo de protección especial de los que más protección necesitan, con normas como la Ley de Segunda Oportunidad o la creación del Estatuto de la Víctima que contempla la creación de oficinas específicamente diseñadas para su atención, o la reforma del sistema de protección de menores en la que se presta una especial atención a la lucha contra la violencia de género.

Medidas contra la corrupción

Rafael Catalá también ha afrontado el problema de la corrupción y ha  mostrado su más enérgica repulsa por ese tipo de comportamientos en la Administración Pública que amenazan la legitimidad de la política y son utilizados por algunos para cuestionar un sistema que ha sido capaz de proporcionar estabilidad, libertad y prosperidad a nuestro país.

El ministro ha destacado la permanente lucha del Gobierno para evitar que el corrupto goce de espacio alguno de impunidad mediante el impulso de la mayor batería de medidas anticorrupción de nuestra historia democrática.

Dentro de ese combate integral, multidisciplinar y en los dos ámbitos de actividad, tanto público como privado, Catalá ha recordado que el Gobierno ha autorizado todas las peticiones de refuerzo de personal que han sido realizadas desde los órganos judiciales y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dotando a España también, por primera vez en nuestro país, de una Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno para conseguir una administración más transparente.

La modificación de la normativa de financiación de partidos políticos, estableciéndolos como personas jurídicas sujetas a obligaciones y con responsabilidad penal en materia fiscal o de Seguridad Social y la penalización de la financiación ilegal son otras de las medidas introducidas.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha introducido también medidas como el establecimiento de nuevos plazos que impidan las instrucciones muy prolongadas que generan una sensación de falsa impunidad, mientras que el nuevo Código Penal ha establecido controles para los cargos públicos que les impedirán ir en listas electorales en tanto dure su condena por delitos de corrupción e impedirán la libertad condicional de quienes hayan cometido delitos de administración pública.

El ministro de Justicia ha expuesto también las medidas llevadas a cabo para impedir que el delito sea provechoso para su autor, procurando la devolución de lo robado. En esa dirección se orientan la nueva regulación del decomiso, que permite actuar sobre todo el patrimonio del condenado, incluidos bienes a nombre de terceras personas y la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

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