El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha vuelto a negar este martes en el Pleno del Senado que la encomienda a los registradores mercantiles y de la propiedad de los registros civiles suponga una privatización del servicio que, según ha insistido, seguirán siendo «públicos, gratuitos y telemáticos».
Catalá ha realizado esta afirmación en respuesta a la pregunta que le ha realizado el senador socialista Antonio Rodríguez Esquerdo. Tras expresar su condolencia a las familias de las víctimas del avión de Germanwings que se estrelló este martes en los Alpes franceses, el socialista ha inquirido al ministro con qué quiso decir su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, al afirmar el pasado mes de junio que el Gobierno si sabía qué hacer con los registros civiles.
Catalá le ha respondido que el Ministerio sigue trabajando para dar aplicación a la ley 20/2011 aprobada por el último gobierno socialista para desjudicializar estos órganos "en el contexto de un registro público, gratuito y telemático".
Ante la primera afirmación de Catalá, el senador socialista ha señalado que los planes del Ejecutivo servirán para "desmantelar" un servicio público muy valorado por los ciudadanos para "regalárselo a los compañeros del presidente del Gobierno", en alusión a la condición de Registrador de Mariano Rajoy, "no tenga que asumirlo y volver a Santa Pola".
Según Rodríguez Esquerdo el Gobierno propiciará incrementos en el número de registros obligatorios "para establecer aumentos de diez veces más en los aranceles", por lo que considera que el ministro falta a la verdad "y de manera burda". También ha criticado que las enmiendas presentadas hayan sido realizadas por el propio Colegio de Registradores, lo que ha calificado de "desfachatez".
Enfocar el asunto
Ante estas afirmaciones, el ministro ha acusado al parlamentario de tener "desenfocado el planteamiento" y le ha recordado que fue la propia ley socialista la que estableció la desjudicialización de los registros. "Si desjudicilizarlos es mantenerlos en el ámbito de la justicia usted me dirá", le ha contestado.
El ministro ha insistido en que hay que dejar que los jueces se dediquen plenamente a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y que la encomienda a los registradores tiene el aval de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
"Hablar de privatización es ruido", ha afirmado Catalá, tras añadir que desde el Ministerio se está hablando con registradores, secretarios judiciales que han manifestado que no quieren llevarlos y a los funcionarios de los juzgados, "que saben que se va a garantizar el empleo". "Confiamos en los servidores públicos y pensamos que son capaces de hacer su trabajo", ha concluido.
