El PSOE lleva hoy al Congreso de los Diputados una iniciativa para castigar con penas de entre dos y seis años de prisión a los representantes legales y administradores de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, que acepten de forma reiterada donaciones declaradas ilegales por la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
La iniciativa, dirigida a endurecer los delitos previstos en casos de corrupción y, en particular, aquellos relacionados con la financiación ilegal de partidos políticos, propone también multas e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio y derecho de sufragio pasivo de cuatro a diez años.
La reforma planteada por el grupo socialista se basa en la "evidencia" de que la respuesta penal actual "está resultando insuficiente". Prevé incorporar nuevos tipos delictivos orientados a enviar "un mensaje diáfano a quienes favorecen la corrupción y a quienes se corrompen".
Así, la Proposición de Ley incorpora un incremento en los plazos de prescripción en los delitos en los que estén implicadas autoridades que ostenten cargo público. Añade un nuevo tipo delictivo para sancionar penalmente, como enriquecimiento injustificado de autoridades y funcionarios públicos, el incremento de sus bienes o patrimonio sin poder acreditar su procedencia.
Introduce también un nuevo tipo penal para los representantes legales y administradores de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen, manipulen o alteren sus cuentas.
Plantea castigar la conducta de quienes contribuyan, ayudando a los responsables de un delito, a eludir la investigación para impedir su descubrimiento. La iniciativa incluye sanciones para quienes favorezcan la corrupción, ofreciendo donaciones que no respetan el marco de la ley y prevé dotar de tratamiento penal a quienes, habiendo defraudado a la Hacienda Pública, hubieran regularizado su situación mediante una amnistía fiscal u otro procedimiento.
Nuevo delito de financiación ilegal
La reforma del Código Penal, aprobada hace unas semanas, introduce por primera vez el delito de financiación ilegal que castiga con penas de multa al que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe las donaciones anónimas, las superiores a 100.000 euros y las procedentes de contratistas del Estado.
El nuevo Código Penal sólo prevé penas de prisión de entre seis meses y cuatro años cuando las donaciones superen el medio millón de euros. Refleja también penas de uno a cinco años de prisión para las personas que participen en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores.
