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Condenan a la Administración a devolver parte de la paga extra a una funcionaria

3 de Junio de 2013

Un juzgado de Palencia ha obligado a la Diputación provincial a devolver a una funcionaria la parte devengada de la paga extraordinaria de Navidad que el Gobierno suprimió el año pasado, sin posibilidad de que se pueda recurrir la sentencia, según ha anunciado este lunes la Plataforma de Sindicatos y Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos en rueda de prensa.

Legal Today


En concreto, la funcionaria recibirá un total de 501,30 euros en concepto de retribución proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, "con los efectos administrativos y económicos que procedan".

El portavoz de CSI-F, Eliseo Moreno, ha resaltado la "importancia" de esta sentencia, "que es la primera a favor de un funcionario y que obliga al Estado a devolverle la parte de la paga extra devengada". Tras la reunión de la plataforma, Moreno ha explicado que, hasta ahora, los pronunciamientos judiciales solo afectaban a los trabajadores con relación de carácter laboral.

"Se está viendo que la plataforma tenía razón en sus acciones para recuperar la paga extra. De momento, la devengada se está resolviendo a favor de los funcionarios, pero queremos toda la paga retirada", ha aseverado el portavoz de CSI-F.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha condenado a la Administración a devolver a una funcionaria parte de la paga extra de Navidad que eliminó el Gobierno central en 2012, en la que es la primera sentencia condenatoria por esta medida con efectos sobre el personal funcionario.

En total, la Diputación de Palencia tendrá que devolver a esta empleada 501,30 euros, correspondientes a la parte de la paga extra que ya se devengó cuando el Ejecutivo anunció su eliminación.

Se trata del primer reconocimiento judicial que afecta al personal funcionario. Hasta ahora los pronunciamientos judiciales solo afectaban a los trabajadores con relación de carácter laboral. Además, no es susceptible de recurso de apelación. La sentencia reconoce la improcedencia de la actuación administrativa, teniendo en cuenta que "cercena con efectos retroactivos" las retribuciones del personal funcionario.

Esta sentencia, por lo novedoso, abre el camino a nuevas reclamaciones en el resto de las administraciones. Esta sentencia se conoce después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad contra la medida del Gobierno. Para CSI-F, estos pronunciamientos judiciales constatan las justas reivindicaciones de los empleados públicos contra una medida de carácter confiscatorio y por tanto injusta y de dudosa aplicación, tal y como señaló también la Defensora del Pueblo. El Gobierno nunca debió suprimir la paga extra y no debe perder más tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución, porque cada día que pasa crece el agravio hacia un colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis.

En este sentido, CSI-F reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas con el fin de negociar la devolución para evitar que los múltiples contenciosos iniciados en toda España colapsen el funcionamiento de la justicia y supongan un coste añadido al Estado. CSI-F, en el ámbito de su responsabilidad, no va a cejar hasta que los empleados públicos recuperen el cien por cien de la paga extra, hasta el último euro.

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